Ciudad de México. Las principales problemáticas en la impartición de justicia son el acceso a grupos vulnerables, la celeridad en la resolución de los procesos jurídicos y el uso de los recursos de manera eficiente, señalaron la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al dar a conocer las conclusiones de la séptima sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia.

De acuerdo con la información difundida por los órganos del Poder Judicial de la Federación (PJF), la académica Leticia Santos Nolasco, quien participó como moderadora en las mesas en que se dividió el evento, reconoció que en el estado de Hidalgo existe un rezago para el acceso a la justicia de las personas más vulnerables, principalmente para aquellas que hablan un dialecto.

Explicó que algunos servidores públicos y autoridades “se hacen de la vista gorda” en la atención de grupos vulnerables, lo que dificulta que las personas que hablan algún dialecto cuenten con asesoría legal y tengan acceso a una justicia pronta y expedita, por ello propuso destinar recursos del sistema judicial para intérpretes en diversas lenguas y en la formación de abogados en las universidades, en sensibilizarlos en el trato a las víctimas.

En tanto, José Luis Sánchez Araujo, auxiliar de audiencia en el Poder Judicial de Hidalgo, una de las preocupaciones del sistema judicial a nivel nacional, es el retraso que se tiene en la resolución de las denuncias; por lo que llamó a invertir más en el personal, especializar a los operadores de justicia y, generar instalaciones adecuadas para la atención a víctimas.

Por su parte, Miriam Elizabeth Álvarez López, funcionaria del estado de Hidalgo, comentó que en muchas ocasiones se responsabiliza al sector público por la falta de celeridad en resolver los casos y dar procuración de justicia a la ciudadanía; sin embargo, dijo, “hace falta presupuesto y se tienen cargas de trabajo excesivas en ciertos distritos judiciales”.

Álvarez López planteó la posibilidad de que el presupuesto destinado al sistema de impartición y justicia contenga un rubro específico para la celeridad de la resolución de procesos judiciales, “el cual se etiquete desde el Poder Legislativo”.