Madrid. La oferta pública de adquisición (opa) lanzada el pasado jueves por el banco BBVA sobre su rival Sabadell levantó reparos en todo el arco político en España, donde la operación tendrá que superar numerosos obstáculos regulatorios para poder tener éxito.

El no del Sabadell

La opa del BBVA, que propone canjear una de sus acciones por 4.83 acciones del Sabadell, enfrenta la oposición de la dirección del banco catalán, para quien esta propuesta –idéntica a una oferta amistosa de fusión rechazada el lunes– “infravalora significativamente” su valor.

Decidido a hacer fracasar la operación, el cuarto banco español acusó al BBVA de haber infringido las normas que rigen estas ofertas al comunicar “datos incompletos que pueden afectar al mercado”, y ya entabló contacto con el organismo de control bursátil español (CNMV).

El presidente del BBVA, Carlos Torres, restó importancia el jueves a la reacción del Sabadell, y aseguró que fue “contactado” por accionistas que ven la operación con buenos ojos.

El capital del Sabadell está en manos de una multitud de inversores, ninguno de los cuales supera 5 por ciento, lo que hace imprevisible cómo culminará la opa.

El gobierno se opone

“Esa opa hostil (...) tiene un efecto potencialmente lesivo” para el sistema bancario, al reducir la competencia, subrayó el viernes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien un día antes advirtió que el gobierno de izquierda tendrá “la última palabra” sobre la operación.

Cuerpo no detalló cómo podría el ejecutivo frenar la propuesta, pero la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que la ley española de supervisión bancaria le da al gobierno la potestad para “autorizar operaciones de este tipo”.

La opa hostil del BBVA, la primera en el sector bancario local desde 1987, es “de altísimo riesgo” para la economía del país, insistió la número tres del gobierno, al calificarla de “contraria a los intereses” de España.

La hostilidad de las regiones

El anuncio de BBVA choca también con la oposición de las regiones donde está establecido Sabadell, como Cataluña, de donde es originario, y Valencia, donde tiene su sede. Ambas temen una reducción del número de agencias que afectaría a empresas y particulares.

En Cataluña, que el domingo celebrará elecciones regionales, todos los partidos han mostrado su disgusto, empezando por los independentistas, para quienes la absorción del Sabadell podría “debilitar el poder económico” de la región, en palabras del presidente catalán, el separatista moderado Pere Aragonès.

“Hace tiempo que hay una estrategia para liquidar la actividad bancaria catalana”, señaló Carles Puigdemont, cara visible de la tentativa de secesión de Cataluña en 2017. Candidato en estas elecciones, llamó a resistir la operación “con toda la fuerza”.

Inquietud en los sindicatos

También muy recelosos, los dos principales sindicatos españoles, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores (UGT), alertaron sobre la posible cancelación de puestos de trabajo. Las plantillas no deben ser “el coste de esta operación”, advirtió UGT.

El presidente del BBVA prometió el jueves que no habrá “medidas traumáticas” para los empleados, aunque no descartó “una reducción de empleo en un primer momento”.

El BBVA –que ya había propuesto sin éxito fusionarse con su competidor en 2020– emplea actualmente a 121 mil personas, y el Sabadell a casi 19 mil. Ambos han ido eliminando miles de puestos de trabajo en los últimos años.

Los supervisores

El principal obstáculo para el BBVA está en el lado de los supervisores. De hecho, la operación debe obtener luz verde del Banco Central Europeo (BCE), del organismo de control de la bolsa española y de las autoridades de competencia de los países donde operan los dos bancos, incluida España.

Y el sector bancario español ya presenta mucha concentración, con 56 por ciento del mercado en manos de tres grupos: Santander, BBVA y Caixabank.

Esta “tasa alcanzaría 64 por ciento” de tener éxito la opa, conduciendo a una “reducción significativa de la competencia”, señala la firma XTB.

Todo esto deja en el aire el éxito de la operación, que podría prolongarse por entre seis y ocho meses, según el BBVA.

“Va a ser una guerra de desgaste” en la que el segundo banco español va a tener que hacer mucho trabajo de “persuasión”, dijo el viernes el economista Javier Santacruz en la radio pública RNE.