Ciudad de México. En un reciente informe sobre el avance de la conformación de la lista nominal de electores de mexicanos residentes en el extranjero, se dio a conocer que de las 39 mil 724 solicitudes de registros para votar de connacionales en las que se detectaron inconsistencias e irregularidades, 36 mil 355 serán incorporados al listado, al subsanarse la anomalía, y 3 mil 369 solicitantes quedarían fuera.

El secretario técnico normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE, Alfredo Cid García, expuso que entre las bajas están ciudadanos que dijeron no haber realizado el trámite (207); que presentaron irregularidades en la firma de la copia de la credencial para votar (mil 199); y que además de ésta presentaron comprobante de domicilio inadecuado (988).

De igual manera, se registraron anomalías en la firma de la copia de la credencial para votar y que el comprobante de domicilio no es válido (565 ); asimismo, se presentaron comprobantes de domicilio que tienen irregularidades o fueron alterados (168), entre otras.

En sesión extraordinaria de la Comisión Temporal del ‘Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero’, Cid García indicó que en algunos casos incluso se podría presentar recursos, quejas o denuncias, tanto administrativas como penales.

Explicó que para esta revisión incluso se hicieron confrontas uno a uno en la base de datos, para corroborar sus consistencias.

Al respecto la consejera Carla Humphrey pidió que se tomen las medidas necesarias para garantizar el derecho al voto de quienes se registraron y cumplen con los requisitos de ley.

Además, pidió que en el informe final sobre las inconsistencias e irregularidades, se detalle las acciones jurídicas a tomar.

En la sesión, también se aprobó el proyecto de acuerdo que se presentará ante el Consejo General del INE con la logística y plan de riesgos del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero en modalidad presencial.

El objetivo, se dijo, es identificar las situaciones que pudieran interferir en el desarrollo de la jornada electoral, el 2 de junio próximo, “afectando la operatividad en los módulos e instrumentar las medidas pertinentes para atender cualquier contingencia y dejar evidencias de las acciones adoptadas para su solución correspondiente”.