Ciudad de México. Un juez de distrito ordenó a la Secretaría de Educación Pública federal y a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) realizar la Prueba Estandarizada de la Dirección de Educación de la OCDE, examen PISA.
La prueba PISA evalúa los conocimientos y habilidades de estudiantes de 15 años, en matemáticas, lectura y ciencias, a través de exámenes estandarizados de opción múltiple con los que se busca conocer qué tan adecuadamente los alumnos pueden resolver problemas complejos, pensar críticamente y comunicarse de manera efectiva.
El Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, le otorgó la suspensión provisional a la organización Educación con Rumbo, para efecto de que las autoridades responsables realicen los trámites y gestiones necesarias para llevar a cabo la Prueba Pisa en el ejercicio 2025.
La organización promovió el juicio de amparo a finales de abril contra la negativa de las autoridades federales a que México sea evaluado por Organismos Especializados a través de métricas internacionales.
La jueza Ana Luisa Hortensia Priego Enríquez agendó la audiencia incidental para el próximo 17 de mayo, donde determinará si concede la suspensión definitiva de los actos reclamados.
No obstante, la SEP y Mejoredu pueden impugnar el fallo de primera instancia para que el caso se turne aun tribunal colegiado, quien determinaría si confirma, modifica o revoca la resolución de la juez federal.
Al respecto, el abogado de la organización, Miguel Ángel Ortiz, refirió que la resolución obtenida es un precedente relevante en materia de defensa de los derechos humanos de los niños a fin de contar con un diagnóstico objetivo que permita medir, evaluar, garantizar la mejora continua de la educación, pues la prueba PISA permite evaluar el grado de eficiencia de las políticas públicas implementadas en México en los últimos años, en términos de la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México.
“México ha sido evaluado por la OCDE desde el 2000, por lo cual en términos del artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño, las autoridades educativas en México están obligadas a cooperar con los organismos internacionales en materia de educación para combatir la ignorancia y acceder a conocimientos técnicos y métodos modernos de enseñanza, por lo cual la Prueba PISA no es opcional sino una obligación en materia de transparencia y rendición de cuentas que debe ser cumplida por las autoridades”, precisó el abogado.
