Genaro Gerardo Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, se abstuvo de llevar a cabo la audiencia intermedia de Emilio Lozoya, en el caso Agronitrogenados, y aplazó la audiencia, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara una solicitud de impedimento y le pidió que renunciara al proceso. Lo acusó de ser parcial y cometer ilegalidades tanto en este asunto como en el de Odebrecht.
Durante la audiencia, que duró tres horas, el abogado Alejandro Rojas Pruneda afirmó que en el caso de Lozoya hubo un contubernio de jueces en la administración del ministro en retiro Arturo Zaldívar para perjudicar al ex directivo y su familia, donde todas las instancias estaban intervenidas en este caso.
Aprovechó para recordar que en abril se dio a conocer la denuncia anónima presentada en contra de Zaldívar y cuatro altos mandos del Poder Judicial Federal (PJF) y el gobierno federal para presionar a más de 70 jueces y magistrados a fin de conseguir una resolución favorable en al menos 18 asuntos.
Me preocupa, porque en efecto la filtración del 9 de abril, y por ese acuerdo que firma la ministra (Norma Lucía) Piña, se dijo que se abrió una investigación del Poder Judicial de la Federación, por el caso de mi defendido y otros asuntos. Se hace ver que en el caso de Lozoya había intervención de Presidencia frente a las autonomías. Porque si vemos los nombres de los jueces que actuaban en contubernio, puedo decir que desde 2020 a 2021 todas las instancias estaban intervenidas en este caso.
Rojas Pruneda también manifestó ante el juez de control que documentaron 12 casos públicos donde la FGR de manera sistemática pretende manipular el sistema judicial de 2022 a la fecha, y tiene que ver con un cambio en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, casos en los que, añadió, atenta contra la Independencia judicial.
Por su parte, Alarcón López, declaró infundados los argumentos de la fiscalía para que renunciara a realizar la audiencia y sostuvo que es competente, pero que se abstenía de realizar la diligencia.
Por ello, aplazó la audiencia hasta que un tribunal colegiado de apelación resuelva si es competente para seguir conociendo del asunto.
