Washington. Una nueva norma del gobierno de Estados Unidos anunciada este jueves tiene como objetivo acelerar el proceso de solicitud de asilo en la frontera sur, permitiendo rechazar rápidamente a un grupo limitado de personas que “se cree” cometieron delitos graves o que tienen vínculos terroristas.

El cambio surge mientras el gobierno federal trató de demostrar a los votantes que tiene el control en la frontera sur, en un año electoral en el que la inmigración es un tema clave. Los republicanos criticaron constantemente al gobierno del presidente Joe Biden por políticas que, según dicen, agravaron los problemas en la frontera sur.

En un comunicado emitido para anunciar los cambios, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que los migrantes considerados una amenaza pública serán detenidos, pero que se determinará si son elegibles para recibir asilo hasta más adelante en el proceso. En virtud de la regla propuesta, los funcionarios de asilo que escuchan casos en una etapa inicial de revisión -que se produce días después de que una persona llega al país- ahora podrán tomar en cuenta los antecedentes penales o los vínculos terroristas a la hora de decidir si alguien debe ser deportado del país.

“Esto permitirá al DHS expulsar de manera expedita a individuos que representen una amenaza para Estados Unidos mucho antes de lo que es actualmente posible, protegiendo mejor la seguridad de nuestra frontera y de nuestro país”, señaló el departamento en el comunicado.

Bajo la ley actual, existen ciertas barreras obligatorias que hacen que las personas sean inelegibles para recibir asilo, por ejemplo, si fueron condenadas por un crimen particularmente grave. Pero normalmente entran en juego cuando un juez de migración toma una decisión final sobre si alguien recibe el asilo y ese proceso puede tomar años. Los migrantes suelen estar detenidos durante este tiempo, declaró el departamento.

“La norma propuesta permitirá a los funcionarios de asilo denegar solicitudes pocos días después de que una persona sea encontrada cuando haya pruebas de que la persona está excluida debido a una prohibición por terrorismo, seguridad nacional o delitos, lo que reduce significativamente el tiempo total entre el encuentro y la deportación desde Estados Unidos”, aseguró el departamento.

La agencia no proporcionó cifras sobre cuántas personas se verían afectadas por la determinación, pero indicó en el comunicado que era un número pequeño.