Ciudad Juárez, Chih. El juez de la Corte de Leyes del estado de Texas, Rubén Morales, no pudo juzgar a 211 migrantes que se encuentran detenidos acusados de motín y causar disturbios en la frontera el pasado 21 de marzo al ingresar tirando las alambradas y empujando a los guardias nacionales de ese estado, para llegar a la zona donde estaba la Patrulla Fronteriza y solicitar asilo.

Los cargos fueron desestimados luego que los migrantes en su mayoría originarios de Venezuela fueron auxiliados por la abogada de la ciudad de El Paso, Texas al demostrar que no se utilizó la legalidad para tener la jurisdicción sobre los acusados.

Un juez de la ciudad de El Paso había retirado los cargos considerando que son menores, sin embargo, a solicitud del gobierno texano, el juez de la llamada Corte de Leyes, Rubén Morales, presidió una audiencia para acusarlos formalmente.

Por este motivo la abogada y defensora pública, Kelli Childress, se presentó en representación de los migrantes, argumentando que los casos habían llegado indebidamente a la corte de Morales.
Dijo que cuando los casos fueron trasladados de la corte de Distrito (local) a la del Condado (estatal), no se emitió la orden de transferencia correspondiente, un paso necesario para conferir jurisdicción sobre un caso a otra corte.

El estado de Texas y el juez ignoraron los procesos legales para llevarse el caso de los migrantes, dijo la abogada.

Por estos hechos el estado de Texas, representado por Kyle Lasley de la oficina del Fiscal del Condado de El Paso, sostuvo que, dado que la corte de Morales tiene jurisdicción sobre casos de delitos menores, los argumentos sobre jurisdicción no tenían validez.

Sin embargo, Morales estuvo de acuerdo diciendo que su caso estaba desestimado sin la orden de transferencia de jurisdicción sobre los casos a su corte.

“Si no tengo jurisdicción”, dijo el juez, “no hay nada que pueda hacer en estos casos” excepto desestimarlos.

La abogada dijo que el caso aún no termina porque aún tienen pendientes más de 100 reclamos de jurisdicción relacionados con acusaciones presentadas en abril, y criticaron a la fiscalía por seguir presentando acusaciones de delitos menores que consumían recursos del condado.