El diagnóstico del aparato energético nacional, expuesto en la entrega anterior, padecía un veloz proceso que cedía, al extranjero, el manejo del sistema nacional. Empresas petroleras trasnacionales se habían posesionado de la comercialización de hidrocarburos y de la producción de crudo. Al tiempo que en la electricidad la avanzada privatizadora parecía indetenible. La generación de energía, respaldada por una legislación completamente a modo y tribunales con marcada tendencia a favorecer sus alegatos formaban el triste panorama de la nación. Las empresas públicas languidecían de manera acelerada, presionadas por un sólido grupo de funcionarios de profunda raigambre neoliberal. Un coro bien afinado de comunicadores, asentados en medios aptos para difundir sus intereses hegemónicos, daban las pinceladas terminales.
Todo transitaba rumbo a un nuevo sistema por completo dependiente, tanto por su estructura organizativa como por sus sostenes financieros (capital incluso) y políticos. La tarea de zapa había resultado prometedora, eficaz y conveniente, para servir de palanca al incursionar, con ventaja, entre los restantes sectores económicos, sociales y políticos del país.
La aparición de Morena en el panorama de la República dio pie al comienzo de una persistente tarea transformadora. Casi de inmediato empezaron los recuentos de los múltiples daños ocasionados al anterior aparato. Al parejo, se repensaba desde las mismas bases el necesario ensamble de recambio. Se recaló, sin dudas valederas, en la indispensable reposición de casi todos los asuntos vigentes, trastocados a partir de la famosa reforma peñista,trucada y corrupta legislación que alegaba salvar a México.
Tan pronto asumió, el nuevo gobierno adelantó un bosquejo de sus pretensiones renovadoras. Propuso al Congreso una innovadora reforma energética que no pudo prosperar. Y sobre tales lineamientos y desde el mismo mando presidencial se unificaron los trabajos que pretendían modificar métodos y rumbos establecidos. Las tareas, aunque titubeantes, de partida no tardaron en encontrar sólidos cauces y decididos apoyos. Se ambicionaba marchar en pos de un aparato energético soberano e independiente, que fuera capaz de fincar sus decisiones motoras en pos del bienestar colectivo y el desarrollo del país.
El rescate de las empresas del Estado daría el toque indispensable. Para lo cual Pemex inició su reconstrucción en varias tareas. No se permitirían las indebidas ventajas que las empresas trasnacionales se habían concedido a sí mismas en la ley. Gasolineras, refinerías, pozos terrestres y de aguas someras, así como la enorme infraestructura de transporte (ruedas y ductos) y almacenes, tuvieron apoyos presupuestarios, fiscales y organizativos.
La CFE, por su parte, enfrentó una feroz e indebida –hasta ilegal– competencia que había empujado y consolidado enorme mercado eléctrico paralelo. Se tenía la necesidad de regular y normalizar el mercado dotándolo de la estabilidad que requiere en todo momento. Las reglas fijadas para la entrada de las generadoras al sistema era injusto. Se asumieron, como norma discriminatoria, los precios marginales de la energía. Éstos daban indebida preferencia a las llamadas empresas limpias (eólicas y voltaicas) que esquivaban para su conveniencia el serio costo del respaldo que permite solventar su intermitencia.
Alterado este método, se establecieron prioridades. Las generadoras de CFE tuvieron, como es debido, preferencia. Las hidroeléctricas, que tienen los mejores costos de energía limpia, volvieron por sus fueros. Este sistema de prelación está en litigio y la legislación renovada se estancó en tribunales. Pero lo que sí se empezó a modificar fue el tamaño y los subsidios del ilegal mercado paralelo de consumo eléctrico. Se emprendió la restitución del desuso de los llamados autoabastos, figura que permitía evadir el costo del transporte eléctrico (porteo). Ese peso corría a cargo de la CFE.
Sendas empresas de la extranjera Iberdrola, hasta el momento la mayor generadora privada, 10 mil megavatios (MW), fueron detenidas en su operación y las cargas que ilegalmente le compraban energía, iniciaron su salida de tal práctica. Se fijaron proporciones para la generación. Los aportes privados llegarían a 44 mil MW y el sector público aportaría 56 mil MW.
Empezó a emerger un nuevo patrón de negocios energéticos. Por un lado, clareó la ruta ascendente a la autosuficiencia en producción, refinamiento y consumo de hidrocarburos. La petrolera rescataba su anterior mercado de gasolinas que perdía: de las 9 mil 558 que había, pasaba a sólo 5 mil 723 en 2022. Los grandes grupos de interés del sector –cinco– seguían en control de 13 por ciento del mercado. Y la CFE robustecía su eficacia y generación. La ruta estaba marcada. El periodo de consolidación vendría después.
