Ciudad de México. El respaldo de todos los gobiernos estatales de todos los partidos políticos a la prisión preventiva oficiosa (PPO) “es una expresión del fracaso de toda la clase política para impulsar el fortalecimiento de la fiscalías, que son la verdadera causa de la impunidad”, manifestó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Lo anterior, luego de que los gobernadores de los estados presentaron un Amicus Curiae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que discutirá el tema, al considerar que eliminar la PPO tendría un “grave impacto” en seguridad pública.

Incluso los gobernadores solicitaron mantener la supremacía constitucional sobre cualquier norma internacional, ello ante la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en la cual se ordena al Estado mexicano modificar la PPO a los estandartes de la Convención Interamericana.

Recientemente también la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reiteró su respaldo que la PPO sea eliminada ya que es incompatible con las garantías fundamentales.

Aseguró que la prisión preventiva oficiosa atenta contra la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la integridad personal, la independencia judicial y la persecución eficaz de los delitos.

Asimismo, va contra el derecho a la libertad personal, la igualdad ante la ley, el deber de fundar y motivar la medida privativa de la libertad, el derecho a la revisión judicial y el enfoque de derechos humanos en la seguridad pública.