Estudiantes en unas 100 universidades estadunidenses han tomado espacios dentro de sus escuelas estableciendo campamentos de solidaridad con Gaza. Denominándolas zonas liberadas, desde allí exigen que sus instituciones educativas rompan los vínculos que tienen con compañías cómplices con la masacre al pueblo palestino. Estos campamentos se empezaron a multiplicar a partir del 18 de abril, cuando la rectora de la universidad de Columbia llamó a la policía a desmantelar el campamento de alumnos que apenas un día antes se había instalado en el principal patio de la escuela. En una acción policiaca que no se había presenciado desde 1968, más de 100 jóvenes fueron arrestados.
A pesar de la tradición universitaria de protesta, ha existido, desde tiempo atrás, la llamada excepción palestina: todo se vale criticar menos al estado de Israel. Eso es antisemita y las autoridades universitarias, la clase política y el lobby israelí se aseguran de responder con peso y rapidez. Desde 2014, el Canary Mission se ha dedicado a identificar, difamar y compilar listas de estudiantes y profesores “antisemitas” (o sea que han criticado a Israel o a la política de Estados Unidos en el Medio Oriente) para que, expone la organización, sus futuros empleadores tengan disponible un registro del historial radical de personas que se presenten a solicitar trabajo.
Esa excepción palestina se desmorona ante nuestros ojos. Desde que Israel empezó su desmedida y brutal respuesta a los ataques de Hamás del 7 de octubre, en una escuela tras otra, los estudiantes se movilizaron intentando visibilizar el contexto que produjo los ataques de Hamás: el desplazamiento de la población palestina para fundar el estado israelí en 1948; los crecientes e ilegales asentamientos judíos que año con año consumieron tierra palestina; la respuesta violenta de Israel a intentos pacíficos de resistencia; el sistema de apartheid israelí, y las condiciones de vida en la prisión al aire libre llamada Gaza.
El solo acto de llamar la atención a la realidad palestina produjo una cacería de brujas. Organizaciones estudiantiles en contra del apartheid, estudiantes judíos que demandan un cese de fuego y profesores que levantaron la voz contra la masacre, fueron suspendidos. En los medios de comunicación dominantes se difunde que en las universidades hay una ola de antisemitismo; las rectoras de prestigiosos centros educativos como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Harvard y la Universidad de Pennsylvania fueron llamadas a declarar ante el Congreso en Washington –las rectoras de las dos últimas tuvieron que dimitir. A mediados de abril le tocó a la de Columbia ser interrogada por esa instancia legislativa sobre el supuesto antisemitismo en su universidad. Fue al otro día que llamó a la policía a desmantelar el campamento, acción que produjo no sólo campamentos de solidaridad en otras universidades, sino que hizo crecer el de Columbia.
En el MIT (el alma mater de Benjamín Netanyahu), los estudiantes han establecido lo que llaman el Campamento de Científicos en Contra del Genocidio. En sus declaraciones señalan que el Ministerio de Defensa Israelí ha destinado 15 millones de dólares para diferentes proyectos en esa universidad, entre ellos, el desarrollo de enjambres robóticos autónomos para rastrear blancos en movimiento; algoritmos para modelar la dinámica entre perseguidores y perseguidos; algoritmos para monitorear determinados movimientos en áreas densamente pobladas o fibras magnéticas para detectar movimiento bajo agua, entre otros.
Bajo argumentos de que los campamentos estudiantiles representan un riesgo para la seguridad de la comunidad de alumnos, la administración de numerosas universidades ha llamado a la policía a desmantelarlos. Policías locales, estatales, antimotines, montados, algunos armados con armas de largo alcance, otros con gases lacrimógenos y balas de goma, han incurrido con lujo de violencia arrestando a más de 2 mil estudiantes y algunos profesores. Altos comisionados de derechos humanos de las Naciones Unidas han expresado preocupación por la ola de violencia con que se reprimen movilizaciones pacíficas en los campus estadunidenses.
Sin aparente consciencia de la ley, que prohíbe proveer armas a gobiernos que violan los derechos humanos, desde la Casa Blanca, el presidente Biden condena las protestas como antisemitas y proclama que Estados Unidos es “un país de leyes”. Para ser consecuente con otras normas, éstas se cambian. La Cámara de Representantes acaba de aprobar un proyecto de ley que expandiría la definición de antisemitismo para que el departamento de educación pueda incluir la crítica al estado de Israel en sus investigaciones de antisemitismo en las universidades. En más de 20 estados se han implementado normas que expanden la definición de terrorismo para incluir el bloqueo de carreteras, destrucción de propiedad e invasión a terreno privado.
Para los estudiantes, la urgencia e indignación moral que exige el momento se han sobrepuesto a las amenazas y represalias de las autoridades. En palabras que reflejan el sentir de múltiples inconformes en universidades del país, la declaración de los campamentistas de MIT, implora: “Pregúntate qué es lo que nos obliga a actuar. Después pregúntate si las decenas de miles de palestinos muertos en este genocidio dan causa para actuar. Pregúntate qué razón tiene esta institución para mantener relaciones con un estado genocida después de seis meses”.
No sabemos si este movimiento se desvanecerá con las vacaciones de verano o si logrará detonar movilizaciones aún más amplias. De cualquier forma, en un país en donde desde hace décadas no se había presenciado un movimiento internacionalista, los estudiantes que han decidido actuar son una estela de esperanza ante la cada vez más creciente marcha de este país hacia el fascismo.
*Profesora-investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Autora del libro Lecciones inesperadas de la revolución. Una historia de las normales rurales (La Cigarra, 2023).
