El director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, documentó y denunció públicamente actos de corrupción y saqueo –ayer y hoy– en la empresa del Estado, la misma que durante el régimen neoliberal –incluso antes– prácticamente toda la clase político-empresarial, más uno que otro de sus jilgueros, metió la mano para exprimir su presupuesto y, sin llenadera, hacer jugosos negocios a costillas de la nación.

Enumeró varios casos, no sin subrayar que en el presente gobierno hemos eliminado en buena parte a los coyotes de cuello blanco; se están jubilando; cuando inició la administración encontramos una serie de contratos leoninos diseñados para que Pemex pagara penalizaciones sin obtener nada a cambio; detectamos, presentamos denuncias, renegociamos condiciones, detuvimos el daño a la empresa del Estado y en muchos casos recuperamos recursos.

Algunos de ellos, detalló Romero, la empresa Ductos del Altiplano, que se comprometió a desarrollar un campo de gas en el norte de Veracruz y rentó un ducto de 300 kilómetros. El campo nunca se perforó ni desarrolló, pero el ducto sí se rentó a un particular y durante cinco años se le pagó a esa empresa, sin transportar absolutamente nada, 4.2 millones de dólares o 100 millones de pesos al tipo de cambio de aquel entonces, por un ducto que nunca se utilizó y (el contrato) tenía una vigencia de 20 años. Al detectarse, se suspendió el pago, se hicieron las denuncias correspondientes y se le notificó a la empresa nuestra intención de concluir el contrato.

En 2015, durante el gobierno de Peña Nieto, Pemex y la trasnacional Trafigura celebraron diversos contratos para que esta empresa construyera una planta en un complejo procesador de Burgos de Pemex. Tenía condiciones desventajosas para nosotros, porque se les proporcionó de manera gratuita el espacio para que construyeran la planta, se les vendía la materia prima por debajo del precio de mercado, la empresa del Estado compraría los productos finales a sobreprecio y las penalizaciones en el contrato sólo eran para Petróleos Mexicanos; aunque incurriera en fallas, Trafigura no tenía penalizaciones. Lo detuvimos.

Una más: en 2010, durante el gobierno de Felipe Calderón, Braskem Idesa (léase Odebrecht) y Pemex firmaron un contrato (por 35 años), el cual presentaba condiciones desventajosas para la empresa del Estado, amén de que el consorcio privado se financió con crédito de la banca de desarrollo (no fue inversión extranjera) y obligaba a Petróleos Mexicanos a sacrificar sus plantas de materia prima para dársela a dicho consorcio, con un descuento de 30 por ciento.

Sobre este último caso, Romero detalló que Pemex le regalaba el flete, 100 por ciento del flete, es decir, subsidiábamos el transporte, y de 2015 a 2018, como no podía cumplir, Pemex pagó más de 2 mil 800 millones de pesos de multas y penalizaciones. Y las cláusulas establecían que si Petróleos Mexicanos fallaba le cobraban 200 por ciento del precio de valor de mercado del etano; pero si Braskem Idesa por alguna razón fallaba, solamente pagaba 30 por ciento. Además, mencionó a empresas como Vitol, Glencore, Altos Hornos de México (léase el mafioso Alonso Ancira) y muchas más.

Octavio Romero retomó un caso denunciado en febrero de 2024, el de María Amparo Casar (cabeza visible de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad), con la ayuda de Héctor Aguilar Camín: “el 7 de octubre de 2004 (gobierno de Fox), Carlos Fernando Márquez (entonces esposo de esa señora y coordinador de asesores de la Dirección de Administración de Pemex) falleció al caerse de una ventana del piso 12 del edificio A. Su cónyuge, solicitó el pago del seguro, ayuda de gastos funerarios, pensión post mortem para ella y sus hijos. Todo, antes del dictamen pericial. Los entonces directivos de la ex paraestatal (la cabeza visible era Raúl Muñoz Leos, quien con dinero de la empresa del Estado pagaba, entre tantas otras cosas, las cirugías plásticas de su esposa) le dieron trato de accidente de trabajo para que Casar pudiera cobrar, omitiendo el citado dictamen que resolvió suicidio”.

Sobre esta misma denuncia, en febrero pasado se mencionó que el fraude a la nación ascendía 17.6 millones de pesos; ahora, Romero informa que supera 31 millones, en un caso de corrupción encabezado por quien dice combatir la corrupción. Se cancelaron pensión (125 mil pesos mensuales) y prestaciones, y se denunció penalmente.

Eso, y muchísimo más.

Las rebanadas del pastel

Sabio el de Tepetitán: con todo y el fenómeno que es Messi, mi ídolo es Maradona.

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