México es uno de los países más peligrosos y letales para la prensa en la región y el mundo, aseguró la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual informó que en 2023 al menos siete periodistas fueron asesinados en el país por motivos que podrían estar vinculados a su profesión.
En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora hoy, aseveró que el año pasado, “observó con preocupación la persistencia de la violencia letal contra periodistas y comunicadores en México, que registró nuevamente una de las cifras de asesinatos más altas en la región y el mundo”.
En su informe anual indicó que además de los periodistas asesinados, se suman reportes de secuestros, amenazas, agresiones físicas y verbales, actos de intimidación y acoso judicial, señalamientos estigmatizantes contra la prensa “por parte de las más altas autoridades, así como ataques y campañas de desprestigio contra periodistas y medios de comunicación en el ámbito digital”.
Recordó que en una audiencia pública celebrada en el 186 Período Ordinario de Sesiones de la CIDH, organizaciones de la sociedad civil mexicana denunciaron que agentes del Estado e integrantes del crimen organizado serían los principales agresores de la prensa.
“Este escenario de hostilidad, inseguridad y descrédito ha provocado a un temor generalizado de la prensa a reportar sobre temas como narcotráfico, seguridad pública, corrupción o crimen organizado”, sostuvo la relatoría.
Expuso que otro punto de preocupación es “la creciente estigmatización a la prensa impulsada por el Poder Ejecutivo a través de la sección diaria ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’, implementada desde junio de 2021 con el alegado fin de ‘analizar, verificar y aclarar las noticias imprecisas de interés general para la población’”.
Destacó que organizaciones civiles “han manifestado su preocupación por el efecto cascada de este tipo de declaraciones y su potencial de ser replicadas por actores en otros niveles del Estado”.
También la relatoría de la CIDH se refirió a los casos de “espionaje” a través del malware Pegasus, contra defensores y periodistas.
Ejemplificó con los casos del director y la coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre y María Luisa Aguilar, respectivamente, quienes “habrían sido infectados mediante el software Pegasus en al menos cinco ocasiones durante 2022”.
De acuerdo con la información disponible, agregó, “los presuntos hechos de espionaje habrían ocurrido en fechas en que el Centro Prodh preparaba y realizaba actividades relacionadas con la violación de derechos humanos en casos como el de Ayotzinapa, Tlatlaya, la Guerra Sucia, el asesinato de sacerdotes jesuitas en Cerocahui, Chihuahua, entre otros”.
Recordó igualmente que en mayo de 2023, también se registró un presunto caso de espionaje contra Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y otros dos funcionarios gubernamentales.
En el informe de la Relatoría, difundido hoy, también se da cuenta de los avances en las investigaciones sobre ataques y asesinatos de periodistas. Entre los que se mencionan están el de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, asesinada el 23 de marzo de 2017.
“Según la información recibida, aún faltaría que la FEADLE de cumplimiento de las órdenes de aprehensión en contra de Jaciel Vega Villa y José Crispín Salazar, por su probable participación en el homicidio de la periodista”, indicó.
Respecto del ataque contra el periodista Ciro Gómez Leyva, el 15 de diciembre de 2022, “Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer en marzo de 2023 la captura de Leslie ‘N’, presunta implicada. Además, otras 12 personas habrían sido detenidas por su presunta participación”.
Asimismo, enfatizó que “continúa registrando nuevos casos de atentados y ataques letales contra miembros de la prensa en México, al igual que agresiones e intimidaciones contra periodistas y sus familias por parte de grupos armados.
A ello “se suman reportes de agresiones, abuso de poder y detenciones arbitrarias e ilegales perpetradas por autoridades y agentes de policía”.
En este sentido señaló que también conoció sobre la activación de procesos judiciales contra periodistas y comunicadores que reportan sobre asuntos de interés público.
Por su parte, destacó la Relatoría, “el Estado mexicano informó que, actualmente trabaja en la creación de un Sistema Nacional de Prevención y Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.
Este Sistema Nacional, apuntó, estaría fundamentado en una Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y comprenderá la formulación de un Modelo Nacional de Prevención, la creación de un Registro Nacional de Agresiones y un Protocolo Nacional de Protección.
