Es el 30 aniversario de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD-1994), ocasión en que 179 países del mundo firmaron por consenso una resolución que reconoce el derecho a decidir de las mujeres. Pero es lamentable que esta semana, en la 57 sesión de la CIPD en las Naciones Unidas, países como Egipto, Irán, Rusia, Nigeria y Pakistán consideren que las mujeres no merecemos la misma dignidad y derechos que tienen todos los seres humanos, tal como se afirma en la Declaración Universal de 1948. El gobierno secular de México fue crítico ante estos retrocesos, “bajo ninguna circunstancia aceptamos que no nos corresponde a las mujeres decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas”, se trata del reconocimiento a la libertad, que es un principio inalienable.
México ocupa el décimo lugar entre los países con más población del mundo (con un volumen de 132.3 millones), y a 50 años de la creación del Consejo Nacional de Población crecemos lentamente por una política que ha favorecido el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, hay rezago: está estancada la tasa de uniones forzadas y de niñas-madres menores de 14 años, nos hace falta superar pautas patriarcales milenarias y prácticas discriminatorias, especialmente entre quienes viven en pobreza extrema, así como en las poblaciones indígenas y de afrodescendientes.
El reto demográfico del México actual es responder al cambio en la estructura por edades, producto del freno en la fecundidad y del aumento en la esperanza de vida de la población. La población mayor, de 60 años y más, aumentará su presencia en términos absolutos y relativos, se triplicará en 50 años (de 12 a 34 por ciento), en tanto que la infantil descenderá a la mitad (de 20 a 10 por ciento). La gente joven y la adulta (20 a 59 años) concentra hoy el mayor volumen y continuará incrementando su participación. Estos cambios tienen implicaciones sociales y económicas, y tendrían que articularse con una política de población que tome en cuenta el trabajo de cuidados.
Según la Primera Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados realizada en el año por el Inegi, de los 58 millones de personas susceptibles de recibir cuidados, los recibe 64.5 por ciento (más de 37 millones): una quinta parte de adultos mayores (22.4), más de la mitad de adolescentes (66.9), 93 por ciento de menores (6 a 11 años) y 99 por ciento de infantes (0 a 5 años), y 61.5 de gente con discapacidad o dependencia.
La escuela cuida, asisten a ella 75 por ciento de la población mexicana de 3 a 5 años y 91.5 de niñas, niños y adolescentes (sólo 5 por ciento con horario extendido).
De los 20 millones de personas mayores de 60 años, 71.2 por ciento no recibe cuidados, más de la tercera parte. Entre los dependientes, tampoco los recibe 34.8 por ciento. La principal cuidadora de menores de 0 a 5 años es una mujer en 96 por ciento de los casos: 86.3 por ciento es la madre, la abuela en 7.6 por ciento, sólo 6 por ciento por padre, abuelo, tía u otros. También cuidan mujeres a dos terceras partes de las personas mayores, el otro tercio lo hacen los hombres.
Un tercio de las personas con discapacidad son cuidadas por su madre (30.7 por ciento), otro tercio por una hija (33.8 por ciento), 20 por ciento por la pareja, y 15 por ciento por el padre, abuela y otros; sólo 3.3 por ciento de este grupo asiste a un centro de cuidados.
Es necesario reconocer esa atención como un derecho progresivo y universal, a cuidar y ser cuidado, un tema de justicia social y una responsabilidad de Estado. El 46.6 por ciento de las mujeres mexicanas participa en el mercado laboral, en tanto que 68.4 por ciento de cuidadoras desea contar con un trabajo remunerado, pero no tienen en quién desplazar los trabajos de atender.
El enfoque tendría que ser intergeneracional. La menor proporción de menores de 5 años abre una oportunidad para lograr que a ninguna niña, niño o adolescente le falte alimentación sana, salud, educación inicial y básica, y centros de cuidados. Como el mayor volumen de las mujeres cuidadoras están en edad escolar y laboral (15-39 años), para impulsar su movilidad social es necesario ampliar la cobertura a la educación media superior y superior (accede 34 por ciento) e integrar a más mujeres al mercado laboral formal. Hay que reducir horarios y flexibilizarlos, ampliar servicios de educación inicial, casas diurnas para personas mayores y dependientes, así como servicios domésticos cercanos a centros laborales.
Es estratégico fortalecer alianzas con el sector privado y empresarial, pagar el trabajo de cuidados y redistribuirlo en el ámbito familiar y comunitario; habría que cambiar el marco legal para reducir y flexibilizar la jornada laboral, ampliar permisos para que padres, madres y cuidadoras puedan ausentarse del lugar de trabajo en situaciones de enfermedad, accidentes u otras situaciones que exijan cuidados.
Porque se ha documentado que un sistema integral de cuidados no sólo contribuye al bienestar de toda la familia y a la autonomía de las mujeres, también eleva la productividad y ayuda al crecimiento económico de los pueblos y de las naciones.
*Secretaria General del Conapo
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