El reciente informe de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) en Brasil aborda un año más los conflictos en el campo, destacando que en 2023 se registraron 2 mil 203 enfrentamientos, la mayor cantidad desde 1985, cuando la institución ligada a la Iglesia católica comenzó el monitoreo (https://goo.su/Ixa0). Resulta necesario comprender cómo bajo el gobierno de Lula se produce la mayor cantidad de conflictos rurales en casi cuatro décadas.

La coordinadora nacional de la CPT, Andréia Silvério, dijo a Repórter Brasil que desde 2016 se registra un aumento de los conflictos en el campo, situación que se intensificó bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, quien “fomentó un odio que ya existía, que es el odio del latifundio contra los trabajadores sin tierra, indígenas y quilombolas”, en referencia a las comunidades negras.

En cuanto a los causantes de la violencia, aparecen en lugar destacado las fuerzas militares del Estado y los gobiernos federal y de los estados, seguidos de los empresarios y los invasores ilegales de tierras. La Comisión Pastoral de la Tierra concluye que la presencia de grupos paramilitares formados por el agronegocio es un factor que contribuye a la violencia en el campo.

Lo más significativo, sin embargo, es que la violencia está focalizada hacia los llamados “pueblos tradicionales”, categoría que incluye indígenas, quilombolas, pescadores artesanales, pobladores de las riberas de los ríos, seringueiros, castañeras, quebradoras de cocos babasú (“quebradeiras de coco babaçu”, en portugués), y hasta 28 pueblos y comunidades tradicionales. Aunque puedan parecer trabajos marginales, las quebradoras de coco suman más de un millón de mujeres que trabajan colectivamente.

Casi 63 por ciento de los hechos de violencia (mil 394 casos) se producen contra los “pueblos tradicionales” de Brasil, lo que contrasta con los 388 casos de ataque a los sin tierra y 254 contra trabajadores rurales. La violencia del sistema coloca en el centro a pueblos que defienden sus territorios, trabajan de forma colectiva y mantienen una relación de reciprocidad con la tierra, sostienen relaciones sociales comunitarias y no son capitalistas que no producen mercancías.

Sin reforma agraria y sin demarcación de las tierras indígenas, la violencia seguirá creciendo, es una de las principales conclusiones del citado informe. El problema es que este tercer gobierno de Lula está lejos de cumplir con las expectativas que generó en su momento, al crear el Ministerio de los Pueblos Indígenas, que en realidad está sirviendo más para dividir a los pueblos y cooptar a sus dirigentes que para promover cambios reales.

El propio Movimiento Sin Tierra (MST), cercano al gobierno de Lula, reconoce que el presupuesto dirigido a la obtención de tierra y derechos básicos en el campo, como infraestructura, créditos para la producción y vivienda, ha sido “durante dos años consecutivos el menor de los últimos 20 años”.

Parece necesario reflexionar sobre los datos aportados por el informe de la Comisión Pastoral de la Tierra. Es evidente que los gobiernos progresistas, como el de Lula, son posibles gracias a alianzas políticas con empresarios y militares, los dos sectores más reacios a las reformas estructurales. Sin duda se trata de una seria limitación, pero los gobiernos han optado por no confrontar, sino negociar, siempre a la baja.

Si las cosas continúan por este rumbo, lo más probable es que el gobierno de Lula llegue a su fin sin haber conseguido quebrar el poder inmenso de los terratenientes y de las corporaciones. Más grave aún es que los aparatos armados estatales y paraestatales siguen actuando con total impunidad, y mantienen sus relaciones con las guardias de los terratenientes y con el narcotráfico.

No pretendo culpar al gobierno de esta situación, pero es necesario un análisis más profundo para comprender los nuevos rumbos. Este año el Acampamento Terra Livre, realizado en Brasilia entre el 22 y el 26 de abril, reunió a unas 9 mil personas de más de 200 pueblos indígenas de Brasil. Ha sido la mayor concentración indígena de los últimos 20 años, lo que evidencia una enorme fuerza que continúa creciendo.

Dinamam Tuxá, coordinador de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, destacó que la decisión de no invitar a Lula al campamento forma parte de una nueva estrategia ante el gobierno. El movimiento está enfrentando la ley de “marco temporal”, aprobada en septiembre pasado, que sólo reconoce aquellas tierras indígenas que los pueblos ocupaban en 1998, cuando fue aprobada la Constitución, inviabilizando las nuevas demarcaciones territoriales.

Como señala la carta abierta de la Comissão Guarani Yvyrupa, luego de una vigilia ante el Supremo Tribunal Federal, “con la vida en riesgo no hay negociación posible” (https://goo.su/Yqfm2qx). Se muestran dispuestos a “enterrar” la legislación porque “nuestros territorios son la garantía de futuro para nuestras niñeces”. La acción directa puede darle a los pueblos originarios mejores resultados que la confianza en las instituciones.