Madrid. Tres relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) publicaron un informe en el que insta el Estado español a “tomar las medidas necesarias” para “preservar” la memoria histórica y luchar contra las leyes negocionistas que buscan “invisibilizar las graves violaciones de los Derechos Humanos” perpetradas durante la dictadura franquista e impulsados por los gobiernos autonómicos de coalición del Partido Popular (PP) y Vox.

Los responsables de la redacción del informe son el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabian Salvioli; la presidenta del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Aua Baldé; y el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz.

El PP y Vox, en Aragón, la Comunidad Valenciana y Castilla y León, aprobaron sendas leyes de “Concordia”, con las que pretenden anular la ley nacional de “memoria histórica”, en la que se busca resarcir a las víctimas y familiares de la represión franquista en el auxilio en la búsqueda de los restos mortales de sus seres queridos, muchos de ellos todavía sepultados en fosas comunes.

La ONU, a través de estos relatores, advierte que las denominadas “las llamadas leyes de concordia aprobadas en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León, y Valencia, podrían afectar a la obligación del Estado español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales o locales, en materia de Derechos Humanos, en particular la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de Derechos Humanos”. Además reclaman al Ejecutivo presidido por el socialista Pedro Sánchez a que adopte “todas las medidas necesarias” para garantizar “el estricto respeto de los estándares internacionales de los Derechos Humanos en materia de preservación de la memoria histórica de las graves violaciones de derechos humanos”, según sostiene el informe, que además denuncia que estas leyes “ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica” y pueden acarrear el “invisibilizar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista, u omiten nombrar o condenar dicho régimen”.

Desde los gobiernos autonómicos señalados, los tres frutos de coalición del PP y Vox, se defendieron con distintos argumentos. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, tildó las conclusiones de los relatores como “bulos”, “mentiras” y errores de bulto”, al advertir que “posiblemente si se hubieran preocupado de hablar con el Gobierno de Aragón les hubiéramos explicado qué es lo que de verdad está ocurriendo y no habrían cometido errores de bulto como han cometido, entiendo que influenciados exclusivamente por la información que les ha trasladado el Gobierno de España”. El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón dijo por su parte que “lo que tienen que hacer (los relatores de la ONU) es dedicarse a salvar vidas, que yo creo que desde el 48 pocas ha salvado y pocos conflictos ha evitado. Que se dejen de globalismo y dejen hacer a los países”.