Ciudad de México. Una arquitectura constitucional robusta no es suficiente para lograr la protección de los derechos humanos de las personas, si no se cuenta con jueces y juezas probos y valientes que los hagan efectivas, afirmó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jorge Mario Pardo Rebolledo.
“Por eso hoy hago un llamado a todos los que participamos en los sistemas de seguridad, de procuración y de impartición de justicia para que no solo seamos probos y valientes, sino para que más allá de las naturales diferencias que podemos tener en el desempeño de nuestras funciones, asumamos con responsabilidad y compromiso nuestro papel de servir a las y los ciudadanos en la sensible labor que ejercemos todos los días de impartir justicia en nuestro país”.
Al inaugurar la sexta sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, convocado por La Corte y por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que se realizó en Toluca, Pardo Rebolledo señaló que la justicia deviene en una actividad pública superior, que fortalece los tejidos que cuestionan la vida social, a la vez que representa la consecución de una de las responsabilidades del Estado hacia sus gobernados, es un hecho, dijo, que en la consolidación de las democracias las instituciones de impartición de justicia tienen un papel trascendente.
“Estoy cierto de que uno de los pilares de las sociedades democráticas es la confianza que las personas tienen de que las instituciones públicas cumplirán los propósitos para las que han sido creadas, de ahí la importancia de hacer un alto y cuestionarnos cómo hemos actuado las autoridades que tenemos a nuestro cargo las áreas de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, pues todo lo que hagamos o dejemos de hacer impactará directamente en el funcionamiento de nuestra democracia y naturalmente, de nuestro Estado de Derecho”.
Por ello, consideró indispensable estimar que un déficit de seguridad y justicia, por definición, implica un menor nivel de respeto y garantía a los derechos humanos, es así que, apuntó, los tres pilares fundamentales para el análisis y definición de una agenda de seguridad y justicia deben ser: la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos.
“La sociedad mexicana y su cotidianidad son cada vez más complejas, lo cual, inevitablemente incrementa la propensión al conflicto y a la violencia, es urgente reconocer, estudiar y desagregar nuestro complejo entramado social a fin de prevenir y atender las múltiples y dolorosas formas de violencia que nos aquejan, así como sus causas y consecuencias”.
Asimismo estimó como el juicio de amparo como pilar fundamental en la protección de los derechos humanos, derechos como la libertad, como la dignidad, como la igualdad, como la seguridad, como la propiedad, entre muchos otros; la permanencia y evolución de este instrumento, fundamental para garantizar la eficacia de los derechos humanos, se traduce en asegurar a cualquier habitante de este país la posibilidad de defenderse en contra de actos de autoridad que se estiman inconstitucionales.
“También es importante la defensa de la independencia del Poder Judicial frente a ataques que pretenden socavarla, como garantía establecida para quienes acuden a los tribunales y no como privilegio de las personas juzgadoras, la independencia judicial no se trata de un juego de poder, ni es el poder lo que está en juego, sino los derechos consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales firmados por nuestro país”.
