Ciudad de México. Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) advirtieron sobre intentos de regresiones en la autonomía de las autoridades comiciales y un “clima de persecución” en contra de éstas. Particularmente plantearon el caso de Oaxaca, donde el Tribunal de Justicia Administrativa local inhabilitó a la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPCO), Elizabeth Sánchez González, a pesar de que la remoción es facultad exclusiva del INE.

Dania Ravel, quien encabeza la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, destacó que lo sucedido en esa entidad no sólo afecta los derechos político-electorales de Sánchez -en arraigo domiciliario-, sino que establece un precedente en contra del Sistema Nacional Electoral.

Expuso que desde el pasado 13 de septiembre la Contraloría General del IEPCO determinó la suspensión temporal de Sánchez, por el presunto “mal manejo del presupuesto”, a lo que el INE presentó un juicio ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual confirmó que la designación y remoción de las consejeras locales corresponde exclusivamente al Consejo General del instituto nacional.

Sin embargo, indicó que el 2 de abril la Segunda Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa del estado, determinó sancionar a la consejera presidenta del IEPCO con la inhabilitación temporal de un año, y en una segunda sentencia, por tres años.

El consejero Martín Faz consideró que ello “representa un intento de regresión al periodo previo a la reforma del 2014, cuando los intereses políticos y actores locales intervenían y condicionaban el actuar de los órganos electorales estatales”.

En la sesión del Consejo General, los consejeros y representantes de los partidos PAN y PRD también expresaron su solidaridad con Erika Estrada y Mauricio Huesca, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, quienes fueron amenazados a través de redes sociales, luego de que ordenaran a dirigentes y candidatos de Morena a abstenerse de vincular al cártel inmobiliario con Santiago Taboada, aspirante a la jefatura de Gobierno de la oposición.“Es inadmisible que en una democracia existan estas amenazas de muerte por las decisiones que toma una consejera o un consejero”, afirmó Claudia Zavala.

Carla Humphrey expuso también el caso de la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Brenda Canchola, quien ha acusado “públicamente violencia política en razón de género en su contra”.

Asimismo, señaló que el secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, “nos acusa (a Humphrey y Ravel) de querer ensuciar el proceso electoral en su estado”, por pedir un informe sobre las 217 renuncias de candidatas.