Quito. Con la oferta de que no volverá a ocurrir, la delegación ecuatoriana en la Corte Internacional de Jusiticia (CIJ) justificó el asalto a la embajada mexicana en Quito. Y a la vez señaló que “lo ocurrido el 5 de abril fue una excepción. Ahora no hay el riesgo de nuevas intromisiones. Ecuador ha garantizado la inviolabilidad de la sede diplomática y sus archivos”, según explicó el jefe de la delegación, el embajador en Países Bajos, Andrés Terán.

Con la participación ecuatoriana, la CIJ cerró la audiencia para dar paso a la deliberación sobre el pedido de México de que se le otorguen medidas cautelares para que se facilite el retiro de los artículos que se encuentran en la sede diplomática en Quito y “se abstenga de realizar cualquier tipo de acción que pueda agravar el conflicto diplomático entre ambos países”.

En ese sentido, el grupo de abogados (ni uno solo ecuatoriano) afirmó que se han brindado todas las facilidades para proteger la Embajada de México, tras el asalto, y pidió a La Haya, que consideren las medidas provisionales solicitadas por México. 

En la diligencia, los abogados privados Alfredo Crosato (peruano), Michael Wood (inglés), Sean Murphy (de EE.UU.) y Omri Sender (israelita) expusieron sus alegatos de descargo, frente a los señalamientos de México, este 30 de abril, pero llamó la atención la introducción hecha por el embajador Andrés Terán cuando inició la exposición tachachando a la audiencia en La Haya de “innecesaria e injustificada”, pues dijo que su gobierno está brindando todas las garantías para la protección de las instalaciones de la sede diplomática, así como a sus bienes y archivos. 

Y a la vez, agregó que Ecuador es consciente de la irrupción en la embajada mexicana en Quito, porque fue “una medida excepcional y aislada”. Asimismo, recordó que el 9 de abril comunicó a México, por escrito, de la intención de brindar estas garantías. Mientras el abogado peruano Crosato consideró que algunos argumentos presentados por México, en el martes pasado, son irrelevantes. Asimismo, criticó que la otra parte haya apresurado al iniciar procedimientos ante La Haya.

El jurista explicó que la decisión de asaltar la embajada se adoptó para detener al ex vicepresidente Jorge Glas (“para dar refugio a un criminal común que ha sido debidamente condenado en dos ocasiones", como dijo antes Terán) por lo que observó el argumento de México sobre la pérdida de confianza de que Quito cumpla con sus obligaciones internacionales.

Crosato reiteró que Ecuador, en sus comunicaciones con las autoridades mexicanas, antes de la ruptura de las relaciones diplomáticas, manifestó su preocupación por el refugio concedido a Glas y anticipó que no sería lícito hacerlo. La defensa sostuvo que México ha inobservado las convenciones internacionales, respecto al asilo diplomático. 

En esa misma línea, Michael Wood sostuvo que el asalto a la embajada se constituye como un “incidente excepcional, que nunca antes había ocurrido y no ocurrirá jamás”. El jurista inglés remarcó ante la Corte que “no existe una situación de gravedad y urgencia”, para otorgar las medidas provisionales a México. Por eso, además, hizo un llamado a los jueces de la CIJ para que consideren todo el caso y analicen el pedido de México de medidas cautelares.

Hasta el cierre de esta edición no hubo pronunciamientos de las máximas autoridades en Quito, pero sus aliados políticos y en los medios de comunicación oficialistas resaltaron la “magnífica defensa” de los abogados. 

El martes, en el primer día de audiencias, México defendió ante los jueces de la CIJ su demanda de medidas urgentes.

En un contacto con la prensa el principal agente de México ante la corte, Alejandro Celorio Alcántara, dijo que lo ocurrido el 5 de abril "debía tener consecuencias".

Este miércoles, Terán Parral aseguró a la CIJ que su país protege las dependencias diplomáticas mexicanas y los archivos que allí se encuentran, objeto de uno de los pedidos de medidas provisorias de México a la CIJ.

Agregó que Ecuador tampoco objeta que representantes mexicanos vacíen y evacuen tanto las dependencias de la embajada como las residencias de los diplomáticos, objeto de otro de los pedidos de medidas urgentes.

Por eso, Ecuador consideró que la demanda mexicana a la CIJ por medidas urgentes es "innecesaria e injustificada".

Ahora, la Corte deberá pronunciarse sobre las demandas de México en "un plazo de pocas semanas", conforme mencionó una fuente del equipo de prensa de la CIJ.

El tratamiento de la contrademanda ecuatoriana contra México aún no tiene una fecha definida.