Agrupaciones defensoras de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de sus garantías individuales, así como colectivas expresaron su “indignación” porque las autoridades sanitarias de Jalisco “retrasaron de manera injustificada” la interrupción del embarazo a una niña de 12 años de edad que fue violada por su padre.

En un desplegado dirigido a el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro y la Secretaría de Salud de la entidad, 72 agrupaciones, entre ellas el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, entre otras, refieren que tras solicitar el procedimiento pasaron 11 días para que éste se realizara.

“El 12 de abril de 2024 una niña de 12 años, con un embarazo por violación de 23 semanas, solicitó un procedimiento de interrupción de embarazo a los servicios especializados de salud en el estado de Jalisco.

De manera injustificada, se retrasó la atención inmediata para la interrupción legal del embarazo, obligando a la niña a continuar con ese embarazo forzado por 11 días más”.

Precisaron que ello, de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos, constituye una forma de tortura y denunciaron que “durante los días que la niña y su familiar quedaron varadas en el hospital, personal médico ofreció a la niña un eco para escuchar el corazón del bebé”, y se sugirió la posibilidad de dar en adopción como una mejor alternativa a la interrupción”.

Indicaron que, “aunque la autoridad en salud no quiera reconocerlo, esto constituye violaciones graves a los derechos humanos de la niña, que además ha sido víctima de violencia sexual. Con el argumento de no contar con personal capacitado para realizar el procedimiento´ las autoridades de salud trasladaron a la menor a la Ciudad de México”.

Lo anterior, dijeron, “con base a un supuesto ´Convenio de colaboración para gestionar la atención de la Interrupción Voluntaria del Embarazo´”.

No obstante, la intervención “no se realizó de forma inmediata como lo indica el Programa Estatal de Interrupción de Embarazo del Estado de Jalisco, sino tomando 11 días para permitir que avanzara el embarazo por violación. Hasta el 22 de abril la niña fue trasladada a la Ciudad de México para realizar el procedimiento con un registro de embarazo de 27 semanas”.

Las agrupaciones sostuvieron que “la intención de los servicios de salud era hacer desistir a la niña de su solicitud original de interrupción de un embarazo por violación. Tal como lo han logrado con 397 niñas, tan solo en 2023 y lo que va de 2024, de las cuales cuentan con un registro porque en los servicios de salud atendieron sus partos”.

Aseguraron que el caso revela que “en Jalisco se cuenta con autoridades incompetentes, violentas y machistas, que recargaron todo su ser en el cuerpo de una niña a la que además le cruzan diversas condiciones de discriminación: ser mujer, ser niña, ser indígena y ser pobre”.

Recordaron que el pasado 25 de abril se anunció que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito resolvió el Amparo en Revisión 344/2023 ordenó eliminar el delito de aborto en Jalisco.

“Con esta decisión, este estado se convertirá en la decimotercera entidad en despenalizar el aborto. Este logro significaría un avance fundamental para el reconocimiento del aborto como un servicio esencial”.

Por todo lo anterior llamaron al gobernador del estado de Jalisco, al Congreso de la entidad, a la Secretaría de Salud local, a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y a la Procuraduría de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes a “garantizar la integridad de la niña”.