Buenos Aires. La Cámara de Diputados argentina avanzaba este martes con la votación parcial de la ley con la que el gobierno del presidente Javier Milei busca implementar reformas económicas y del Estado, la cual fue consensuada con opositores aliados para eliminar los aspectos más controversiales y asegurar su aprobación.

La cámara baja votaba la llamada Ley de Bases —la primera norma que Milei lograría en el Congreso desde que asumió en diciembre—en medio de una protesta de miembros de organizaciones y partidos de izquierda. También está previsto que se pronuncie sobre un paquete de reformas fiscales.

Ambas iniciativas son criticadas por el peronismo y la izquierda, que apuntan que perjudican a los trabajadores y benefician a las empresas y a particulares de altos ingresos.

Después de casi 20 horas de debate, la cámara baja aprobó en general el proyecto de la Ley de Bases con 142 votos positivos, 106 negativos y cinco abstenciones. De inmediato, los legisladores se abocaron a la discusión en particular del articulado, instancia en la que se prevé una votación más ajustada en los puntos más conflictivos.

El gobierno realizó concesiones a sectores aliados para evitar el tropiezo que, hace algo más de dos meses, sufrió en el mismo recinto legislativo una ambiciosa iniciativa que contemplaba reformas de mayor calado.

La votación en general del proyecto obtuvo luz verde ya que, a los votos del partido oficialista La Libertad Avanza —en desventaja numérica en la Cámara de Diputados y en el Senado—, se sumaron los de su aliado PRO y los de legisladores dialoguistas de la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal, que negociaron con el gobierno los cambios que era necesario incluir en la iniciativa para que sea aprobada.

A medida que avanzaba la sesión la cámara baja aprobó el capítulo que declara la emergencia en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año. Luego fue el turno del de reforma del Estado, con la delegación y facultades al Ejecutivo sobre los organismos públicos y los fondos fiduciarios.

En la lista de organismos que quedan a salvo de intentos de disolución por parte del Ejecutivo están, entre otros, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y el Ente Nacional de Comunicaciones.

Pero otros solicitados por opositores, como el Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes y el Banco Nacional de Datos Genéticos, no fueron incluidos en esa lista de excepciones.

El diputado Nicolas Massot, aliado del gobierno, señaló que “esta ya no es más ‘la ley de Milei’, es la ley de este Congreso porque la hemos transformado”. Al respecto indicó que ”no hay un superpoder para privatizar sin ningún control 41 empresas del Estado; pasamos de 16 superpoderes a tres super acotados".

Pero el jefe de la peronista Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó “la delegación abusiva de facultades que le estamos dando al presidente” y remarcó la “inconstitucionalidad” del proyecto. Otros opositores criticaron que la iniciativa sobre reforma fiscal baje los impuestos a la población de mayores ingresos y grave a los que menos tienen.

Los diputados se pronunciarán en las próximas horas sobre otros capítulos, como el de una reforma laboral que no prosperó al inicio del mandato de Milei. El oficialismo dio marcha atrás con medidas que eran leídas como un recorte del poder de los sindicatos, entre ellas la que limitaba el derecho de huelga en actividades consideradas esenciales y la que eliminaba las cuotas solidarias obligatorias que deben pagar los trabajadores que no están afiliados a los gremios.