Mañana es el cumpleaños de Alejandro Prado Abarca, maestro de varias generaciones de otorrinolaringólogos. También destacado dirigente del movimiento médico de 1965, reprimido por el gobierno del presidente Díaz Ordaz. Prado Abarca nació el mismo año en que su paisano, el general Lázaro Cárdenas, empezó su mandato. Y fiel a los mejores legados de quien realizó el reparto agrario más importante y la expropiación del petróleo, ha ejercido su profesión con sentido social. Como parte de ello ha trabajado y conoce muy bien los problemas que afectan a la salud de las poblaciones marginadas del país. Y especialmente en estos días en que el cambio climático deja sentir todo su rigor con altas temperaturas y una sequía que se agrava diariamente.
En efecto, ahora el norte y centro de México son las regiones críticas. Las presas de Sonora y Sinaloa llegaron a sus niveles más bajos y obligan a racionar el líquido. Se ven afectadas las poblaciones y los agricultores y ganaderos. Ambas entidades sobresalen por su producción de alimentos que consume la población nacional y, además, una parte se dedica a la exportación.
A otra entidad norteña, Chihuahua, llegó la que se dice candidata ciudadana, aunque siempre desempeñó cargos públicos o legislativos bajo las siglas del PAN. Prometió resolver los problemas que existen allí con el agua, comenzando por revisar el Tratado Internacional que sobre el vital elemento se tiene con Estados Unidos. Data de 1994. Sin embargo, la candidata X lo único que hizo fue mostrar su ignorancia sobre dicho tratado y ocultar el problema fundamental: las 18 mil concesiones para extraer agua de las cuencas hidrográficas, otorgadas durante los sexenios de Fox, Calderón y Peña en favor de grandes agricultores y políticos y, a la par, el que existan entre 5 mil y 7 mil pozos ilegales, gracias a la corrupción.
Víctor M. Quintana exhibió muy bien la ignorancia de la candidata X sobre lo que pasa en dicha entidad con el agua en el texto que publicó en La Jornada el 18 de abril pasado, en el que le recalcó la lucha que, por décadas, realiza la ciudadanía en pro de un uso racional del líquido.
Sufren también escasez extrema las poblaciones de la Huasteca potosina, donde antes nunca faltó el agua gracias a diversas cuencas hidrográficas. La principal, el río Valles. Ya estaba desde marzo prohibida su entrega al sector agropecuario, como el cañero, mas no se ha cumplido en su totalidad. También es insuficiente la dotación en Ciudad Valles, la ciudad principal. La fauna de la región es otra víctima de la falta de agua. Migra a zonas habitadas en busca de ella y mueren ejemplares de sed.
En Tamaulipas están en semáforo rojo, ya que sus principales ciudades tienen problema con la dotación de agua: Tampico, Madero, Ciudad Mante, Altamira y Ciudad Victoria. Esta última se surte de la presa Vicente Guerrero, cuyo embalse está a 8 por ciento de su capacidad. Y no se esperan lluvias pronto. Mayo será más crítico, igual que en otras entidades, como Oaxaca y Guerrero, que registran las temperaturas más altas de su historia. Agrego Michoacán, con sus embalses al mínimo. Del saqueo del agua no escapa ni el bello lago Zirahuén. Recientemente la comunidad local decomisó cuatro bombas con las cuales se extraía agua del lago para irrigar huertas de aguacate. Se calcula que existen unas cien tomas ilegales.
Por la falta de planeación, en Querétaro la crisis del agua aumenta cada día y perjudica especialmente a la población de las colonias populares. El crecimiento anárquico de las actividades industriales y nuevos fraccionamientos presionan sobre un recurso cada vez peor distribuido. Igual sucede en el estado de Puebla, donde desde hace 20 años prolifera la extracción del agua por medio de pozos artesanales clandestinos. A ello se suma el acaparamiento del líquido por nuevos parques industriales, sin considerar la disponibilidad de dicho recurso.
Respeto a las comunidades indígenas y grupos ambientales que piden la lluvia por medio de danzas y ofrendas en sitios arqueológicos, pero lo urgente es obligar al Poder Legislativo para que apruebe la nueva ley de aguas nacionales. Han tardado 12 años en hacerlo. La vigente está al servicio de los grandes intereses económicos, no de la población. Esto contra ice el lema de este sexenio: “Primero los pobres”.
