A punto de concluir la presente administración gubernamental y a pesar del compromiso presidencial de resolverlas (el problema es que esa responsabilidad se la asignó a la entonces secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde), las tres huelgas mineras (Cananea, Sonora; Taxco, Guerrero, y Sombrerete, Zacatecas, estalladas simultáneamente el 30 de julio de 2007), agregan seis años a su de por sí prolongado cuan irresuelto historial, con lo que la impunidad del tóxico barón de la minería Germán Larrea y su corporativo Grupo México se mantiene incólume.

Casi 17 años después de tal estallido simultáneo (con Calderón en Los Pinos y posteriormente con Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, aunque éste en Palacio Nacional), las demandas de los mineros se mantienen sin solución ante la permanente negativa de Grupo México (y, por ende de Larrea) de sentarse a negociar, con todo y que el corporativo sistemáticamente violó el contrato colectivo de trabajo. De los dos primeros (uno panista, otro priísta, que al final de cuentas es lo mismo) no sorprendió su actitud, porque a eso se dedicaron, a proteger los intereses de los barones, pero con el tercero surgió la esperanza de que, por fin, se solucionaría el entuerto, pero no: el atorón –por llamarle así– se ha mantenido.

El dirigente nacional del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, lo denuncia así: ¿Por qué? (no se ha solucionado). Es lamentable que las secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía se hayan puesto del lado del dueño de Grupo México, Germán Larrea, y se rechazara la queja interpuesta ante el Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC, con la que se buscaba obligar al empresario a resolver las demandas de los trabajadores de la mina San Martín, ubicada en Sombrerete, Zacatecas, que está a punto de cumplir 17 años en huelga; nunca ha habido una autoridad que obligue a Grupo México a desocupar la mina y restituir lo derechos de los trabajadores ( La Jornada, Andrea Becerril).

Es fuerte la denuncia del líder sindical, pero sin duda tiene sustento a la luz de los hechos, pues en este sexenio se repitió la historia: Larrea se mantiene ostentosamente impune y en la desprotección permanente los trabajadores de las tres minas citadas, de tal suerte que la afrenta que representa la minoría rapaz y la mafia del poder que aquella paga para su protección se mantiene como asignatura pendiente.

Prácticamente desde el comienzo de su mandato (29 de julio de 2019), el presidente López Obrador instruyó a la entonces secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, para que a más tardar en 10 días se instale una mesa de negociaciones entre el sindicato minero y Grupo México para resolver las tres huelgas. Nada sucedió, por lo que, dos años después, con la llegada de Adán Augusto López Hernández a Bucareli, el mandatario de nueva cuenta instruyó al funcionario recién nombrado que resolviera el asunto, porque las demandas obreras se mantienen sin atención ni solución. Paradójicamente, Alcalde –que no hizo nada al respecto– terminó instalada en el Palacio de Cobián y el entuerto se mantuvo al igual que la impunidad de Larrea.

Algo similar sucedió con la queja del sindicato nacional de mineros ante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, que exigía obligar a Larrea a resolver las demandas de los trabajadores de San Martín, que devino en la solicitud del gobierno estadunidense para que el mexicano investigara la situación de los trabajadores en esa mina en la que sistemáticamente Grupo México viola el derecho de huelga y la libre asociación sindical (no sólo en ese centro extractivo).

Rápidamente, el gobierno mexicano rechazó tal solicitud, con todo y que otras 10 presentadas en ese mecanismo fueron atendidas positivamente por las autoridades nacionales. Ante eso, Gómez Urrutia subraya: es muy apresurado que ambas dependencias (Trabajo y Economía) hayan anunciado la resolución del panel de expertos sin dar a conocer toda la resolución. Son preocupantes los argumentos esgrimidos, pues la violación a los derechos de libertad sindical y de contratación colectiva de los mineros de Sombrerete son anteriores a la entrada en vigor del T-MEC; el fallo es vergonzoso, pero de todas formas no es un caso cerrado y la lucha va a seguir.

Las rebanadas del pastel

Otro sabadazo del Poder Judicial: el juez Rogelio León Díaz decretó auto de libertad para Abraham Oseguera Cervantes, Don Rodo, hermano de El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, ¡a seguir delinquiendo!, que para eso está el aparato de impartición de justicia.

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