Es lamentable que las secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía se hayan puesto del lado del dueño de Grupo México, Germán Larrea, y se rechazara la queja interpuesta ante el Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC, con la que se buscaba obligar al empresario a resolver las demandas de los trabajadores de la mina San Martín, ubicada en Sombrerete, Zacatecas, que está a punto de cumplir 17 años en huelga, comentó el dirigente nacional del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia.

Consideró muy apresurado, además, que ambas dependencias hayan anunciado la resolución del panel de expertos de ese mecanismo, sin dar a conocer toda la resolución. Son preocupantes, además, los argumentos esgrimidos, en el sentido de que la violación a los derechos de libertad sindical y de contratación colectiva de los mineros de Sombrerete son anteriores a la entrada en vigor del T-MEC.

Ha habido ya otros casos en que sí aplicó ese mecanismo, pero aquí el problema parece ser que el acusado de pasar por encima de los derechos laborales de los mineros es uno de los empresarios más ricos de México, que ha actuado con total impunidad en las últimas décadas, con el apoyo de los gobiernos del PRI y el PAN, recalcó el senador de Morena.

Gómez Urrutia rechazó asimismo que haya acudido al Mecanismo de Respuesta Rápida con fines indebidos, como se señala en el comunicado que, tres horas antes de que lo hicieran público las dependencias, fue filtrado al chat del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral.

Tampoco es cierto, resaltó, que las irregularidades fueron o están a punto de ser corregidas por autoridades nacionales que sí tienen jurisdicción sobre el caso, como sostienen la STPS y la SE.

Expuso que la directiva del Sindicato Minero y la Sección 201, donde se afilian los trabajadores de Sombrerete, decidieron acudir al mecanismo previsto en el T-MEC para conflictos laborales, porque en 17 años de lucha contra los abusos y arbitrariedades de Larrea no han encontrado respuesta en el país.

El senador Gómez Urrutia detalló que en tres ocasiones han ganado recuentos sobre titularidad del contrato colectivo de los mineros zacatecanos a sindicatos patronales promovidos por Grupo México; pese a ello, al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, Larrea envió a la mina a un grupo golpeadores y reinició operaciones.

No ha habido ninguna autoridad mexicana que obligue a la empresa a desalojar a los esquiroles, resaltó, e hizo notar que fue hasta después de que el gobierno de Estados Unidos aceptó llevar la queja al T-MEC, que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dio un plazo de 15 días a los trabajadores de la Sección 201 para regresar a laborar. ¿Cómo podrían hacerlo si la autoridad no ha ordenado el desalojo de los golpeadores, muchos de ellos drogadictos, que tienen tomadas las instalaciones de la minera?”

Nunca, recalcó, ha habido una autoridad que obligue a Grupo México a desocupar la mina y restituir lo derechos de los trabajadores que llevan ya 17 años en huelga.

Es vergonzoso ese fallo, que Grupo México festejó, al felicitar al gobierno mexicano, por su profesionalismo en defensa de la soberanía de nuestro país.

De todas formas, recalcó Gómez Urrutia, no es un caso cerrado y la lucha va a seguir.

Al respecto, el asesor jurídico del Sindicato Minero, Nahir Velasco, comentó que esperarán a conocer la resolución completa y traducida del panel de expertos de ese mecanismo, ya que la secretarías del Trabajo y de Economía, de forma apresurada sólo dieron a conocer lo que ellos quisieron y puede haber otros puntos que involucren al gobierno mexicano.