Santiago. El asesinato de tres policías anteayer en Chile, cuya patrulla fue emboscada, tiroteada e incinerada con los agentes en su interior, podría anticipar un agravamiento de la violencia con que operan grupos organizados y/o criminales en zonas rurales del país, dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

El funcionario, a cargo de los temas de seguridad pública, afirmó que el crimen de los carabineros en una carretera rural en el municipio de Cañete, en la región del Biobío, “es un hecho cuyo 'modus operandi' no corresponde a lo que conocemos en los últimos años y la investigación tendrá que determinar frente a qué estamos".

Monsalve aludía así también a las acciones de sabotaje incendiario principalmente contra la industria agrícola y forestal que desde hace más de 20 años realizan media docena de organizaciones insurgentes indígenas en la “macrozona” sur -que incluye además del Biobío a las regiones de la Araucanía y de Los Ríos, unos 74 mil kilómetros cuadrados-, para expulsar a los conglomerados madereros, recuperar sus territorios históricos y obtener autonomía.

Estas agrupaciones clandestinas, que reivindican la lucha armada, jamás han cometido un ataque de las características como el ocurrido la madrugada del sábado, donde las víctimas fueron despojadas del armamento y municiones antes de ser quemadas al interior del vehículo policial.

Hasta ahora nadie ha reivindicado el ataque, algo que las organizaciones subversivas mapuche suelen hacer cuando operan, dejando rayados y/o pancartas.

"Podemos estar frente a un hecho específico, puntual; o también podemos estar frente a un cambio en el escenario y en la estrategia de hechos de violencia rural. Eso es algo que hay que aclarar en el marco de la investigación", agregó Monsalve, si bien precisó que bandas del crimen organizado como las venezolanas “Tren de Aragua” y “Los Gallegos”, no estarían operando ahí.

"Hemos tipificado los delitos de violencia en la Macrozona Sur como violencia de crimen organizado, pero lo hemos hecho vinculado a delitos que tienen que ver con armas, con robo de vehículos, incluso con droga. Pero no hemos identificado, hasta ahora, el vínculo (con bandas internacionales)", explicó.

El triple homicidio tuvo el inmediato efecto de fortalecer al general director Ricardo Yáñez, quien es investigado judicialmente por su presunta responsabilidad de mando en centenares de delitos omisivos de apremios ilegítimos, cometidos por Carabineros durante la represión del estallido social de 2019, que dejó decenas de muertos y miles de heridos.

Yáñez va a ser formalizado judicialmente por la Fiscalía el 7 de mayo y su renuncia inminente se daba por descontada antes de esa fecha.

Sin embargo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, descartó el domingo que eso vaya a ocurrir, sino que el uniformado seguirá al mando incluso después de ser notificado por los fiscales.

“En este momento no puede haber cambio en el mando de Carabineros, sería (otro) golpe a una institución que está muy golpeada", dijo.

La tarde del domingo se informó que tres personas habían sido “retenidas” por carabineros en la zona del ataque para "un control de identidad investigativo", porque “hay elementos que pudieran eventualmente hacer presumir que pudieran tener una relación con los hechos”, dijo Monsalve.