Quito. La violencia criminal y la creciente militarización de la seguridad ponen en alerta a organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, ONG radicadas en Ecuador y a expertos en estos asuntos. De plano, los tratados militares con Estados Unidos y mayores recursos para los militares alertan a los propios mandos castrenses, pues consideran que no pueden seguir haciendo el trabajo que les corresponde a otras instituciones.

Incluso, el exceso en el uso de la fuerza militar en el combate a los grupos criminales ha recibido críticas pues ya se registran crímenes que no solo los cometen los uniformados sino también la población civil frente al clima de alerta y exacerbación para eliminar a jóvenes delincuentes, sospechosos o inocentes, sin distinción.

Jonathan, de 17 años, falleció luego de ser linchado en la provincia del Carchi, fronteriza con Colombia, la tarde del jueves 25 de abril. Lo acusaron de hurtar aguacates de una hacienda; por ello, los moradores del sector lo atraparon y le prendieron fuego.

Y otro joven, Carlos Javier Vega, de 19 años, fue acribillado por militares ecuatorianos. Ocurrió el 2 de febrero pasado, cuando con su primo Eduardo iban a vender un perro en el sur de ciudad de Guayaquil. Al llegar, un operativo militar y policial los detuvo en una vivienda situada a unos metros del lugar donde iban a entregar al animal.

“Me bajo del carro, saludo al militar y le digo que voy a unos 10 metros de donde estábamos y me dice, de forma grosera y prepotente, que no podía pasar, que me vaya, y me apunta. Entonces vuelvo y me subo al carro. A lo que doy retro (marcha atrás) para irme, choco con un patrullero de la Policía. Intento avanzar, pero el carro no salía. Intento más duro, me despego (de la patrulla) y vuelvo a mi posición inicial. El militar pasa a la parte de atrás y escucho un disparo”, recuerda Eduardo. El tiro mató a su primo y el informe policial y un comunicado de los militares al siguiente día, catalogaron a Carlos Javier y a Eduardo como “presuntos terroristas” a quienes detuvieron “ante un intento de ataque a un retén militar”.

Según ellos, los jóvenes embistieron a los militares y chocaron la patrulla, por lo que “en respuesta a ese ataque se realizaron disparos para precautelar la seguridad del personal”.

Estos dos hechos han sacudido las redes sociales, pero no los medios tradicionales del Ecuador. Incluso, para evitar un impacto en la Consulta Popular del 21 de abril, se evitó la discusión de un tema que por parte de los familiares de Carlos Javier requería denuncia en los grandes canales de televisión y en los periódicos.

Claro, la parte más promocionada por el gobierno de Daniel Noboa y sus aliados en los medios y en los gremios empresariales fue la relativa a la seguridad. En todas esas preguntas ganó el SI y con ello, el régimen ecuatoriano adquiere más herramientas legales para que los militares actúen en el combate contra las bandas criminales, además de que ahora se permite la extradición de ciudadanos nacionales desde cualquier país del mundo.

El excandidato presidencial y experto en seguridad, Jan Topic, le dijo a La Jornada que esos casos de exceso deben estudiarse como un fenómeno, pero reconoció también que los militares no están preparados y suficientemente para estas acciones. “Su experiencia es otra y de ahí que puedan incluso excederse”. Reconoce que en la lucha contra las bandas criminales los militares podrían “fatigarse” pues no es su dinámica la misma que la Policía.

De hecho, el comandante general del Ejército, general Fernando Adatty, le dijo a un portal digital que “a las Fuerzas Armadas (FF.AA.), desde hace muchos años, le toca tapar los huecos que otros dejan”. Y algo que acota con énfasis: “Estamos haciendo las tareas de otras instituciones”. Se refiere la Policía, la Fiscalía, la Unidad de lucha contra el lavado de activos, entre otras. Todas ellas, desde los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, perdieron fuerza institucional, recursos y hasta fueron objeto de uso y abuso político.

El docente de la Universidad Central y coordinador del Programa de Investigación sobre Orden, Conflicto y Violencia, Luis Córdova, advirtió que, a través de una de las preguntas de la consulta popular en materia de seguridad, se abre la posibilidad de legalizar el mercado negro de armas en Ecuador. Explicó que este tema es peligroso porque ya no se podrá distinguir si los futuros homicidas son policías o delincuentes comunes, porque las armas pueden ser las mismas.

“Además, se licua la importancia que tenía la lucha contra el mercado negro de armas en el país”, puntualizó. Y advierte de otro riesgo: existe evidencia respecto a grupos armados por empresarios vinculados a los agronegocios y financiados por comunidades para resistir a la minería. “Entonces abrimos las puertas a un escenario donde el paramilitarismo podría convertirse en un nuevo desafío de la violencia letal en Ecuador”, aseveró.

El general Adatty es enfático: “Las Fuerzas Armadas no pueden estar en todo. Hay cosas que tenemos que hacer por la emergencia y lo estamos haciendo, pero hay organismos, otros ministerios, que tienen que cumplir sus funciones eficientemente”. Incluso, hay riesgos que ya se han destacado por expertos en seguridad y que Adatty alerta:

“Es un proceso de aprendizaje, hay que tomar medidas para que no infiltren a esta institución, que no corrompan a sus miembros. Si un militar de inteligencia es infiltrado, reclutado para dar información, eso puede costarle la vida a una patrulla. No podemos tomarnos esto a la ligera… Las normas de ingreso a la institución deben ser más duras. Ahora se detectó, estamos colaborando en todo, nos interesa ubicar a los malos elementos. Y hay que tomar las lecciones necesarias”.