La democracia ha sido una forma de gobierno que ha implicado retos y avances en la incorporación de voces, realidades situadas y actores políticos para la construcción de una agenda social común. El mayor desafío ha sido su implementación debido a la complejidad de empatar los intereses de los diversos sectores, así como de su sentido político para quienes estructuralmente han estado en situaciones de vulnerabilidad. Por ello es que las organizaciones de la sociedad civil existen, pues han sido históricamente el puente de diálogo con el gobierno para visibilizar realidades que no siempre quieren verse o necesidades de víctimas y movimientos sociales que siguen sin voluntad política para atenderse.
Por ende, su labor y participación es de suma importancia para la incorporación del enfoque de derechos humanos en las acciones gubernamentales. Es importante recordar que los cambios legislativos generados en materia de derechos humanos, como la reforma constitucional en 2011, la creación del Programa Nacional de Derechos Humanos y del Sistema Integral de Derechos Humanos en la Ciudad de México, entre otros, fueron gracias al impulso de la sociedad civil organizada compuesta por distintos sectores civiles y políticos. Por tanto, es preocupante que desde los diversos niveles de gobierno se continúe criminalizando el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y de defensores de derechos humanos, a pesar de que su labor ha impulsado cambios sustanciales para que los grupos históricamente discriminados pudieran y puedan acceder al goce de sus derechos.
Asimismo, su acompañamiento a víctimas de graves violaciones en esta materia ha sido sustancial para que puedan acceder a la justicia y buscar la verdad para ellos y sus familiares, aunque ésta todavía tarde en llegar, pese a la lucha insostenible por décadas. Si bien, el Estado mexicano tiene la obligación de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos para todas las personas, no ha cumplido integralmente con sus responsabilidades, lo que ha derivado en la creación de organizaciones sociales especializadas y dedicadas a resarcir los daños producidos por el gobierno, así como de sus deficiencias para atender a las víctimas de problemáticas estructurales que siguen sin atenderse.
De modo que si los estados ejecutaran a cabalidad sus responsabilidades, garantizando la participación ciudadana, la inclusión de las voces de quienes sufren la violencia estructural, las desigualdades e injusticias, las organizaciones de la sociedad civil no tuvieran razón de existir; si continúan subsistiendo es porque aún no llegamos a ese lugar común donde la verdad y la justicia estén del lado de las víctimas y la dignidad sea respetada para que quepamos todas, todes y todos.
¿Podríamos imaginar cómo sería nuestra realidad si nuestras voces históricas no fueran escuchadas ni nuestras injusticias sistémicas visibilizadas? ¿Cómo sería la lucha de los familiares de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos sin los antecedentes ganados por la sociedad civil? Si aún la verdad, la justicia y la paz no están garantizadas por el gobierno, ¿quiénes acompañarían a que esto fuese posible si no fueran las organizaciones de la sociedad civil ni los defensores de derechos humanos?
Las razones de ser de las organizaciones de sociedad civil y de defensores de derechos humanos van desde la protección de la tierra hasta la construcción de paz en los territorios, siempre en búsqueda del cuidado y protección de la vida en relación con las demás. Por tanto, la visibilización de la violencia y de las desigualdades no es una exageración de quienes acompañan los procesos organizativos y comunitarios día a día; al contrario, se convierte en una preocupación alarmante que aún con evidencias, el gobierno mexicano continúe relativizando la violencia y señalando a quienes abonan a contrarrestarla.
Sin derechos humanos, ni sociedad civil organizada, la vida política, colectiva y organizativa está siendo atacada y la democracia en peligro de ser acabada.
