Ciudad de México. Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, entre otras organizaciones, expresaron su preocupación por los “señalamientos, la deslegitimación y la estigmatización” en contra del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En un pronunciamiento, aseguraron que ello “restringe significativamente” el espacio de acción para la defensa de las garantías fundamentales, “exponiendo a la organización y a sus integrantes a graves riesgos en el desempeño de su labor”.
Por ello, llamaron a que cesen los señalamientos en contra del Frayba, las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en México, y se reconozca públicamente la labor fundamental que desempeñan en favor de la justicia, de la protección y promoción de las garantías fundamentales y de la construcción de paz.
Asimismo, solicitaron que se fortalezca el marco legal, así como los mecanismos diseñados para brindar protección a personas defensoras y periodistas en México.
Recordaron que en su conferencia matutina, en diversas ocasiones, López Obrador ha señalado que el Frayba busca “crear un ambiente de violencia que no tiene las dimensiones que están registrando” en Chiapas, y que “magnifica” la situación.
Esto, expusieron, es muestra “del patrón de señalamientos por medio de los cuales el Ejecutivo deslegitima la labor de defensa de derechos humanos” llevada a cabo por este tipo de centros, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familiares de personas desaparecidas, así como por periodistas.
Refirieron que los estándares internacionales en materia de derechos humanos no sólo disponen el respeto de la labor de defensa, sino que también exhortan “a los Estados a que reconozcan, por medio de declaraciones públicas, políticas, programas o leyes, la importante y legítima función que desempeñan” los defensores.
El Frayba “lleva 35 años en la defensa y promoción de los derechos humanos en el estado de Chiapas, habiendo acompañado en su trayectoria a víctimas de graves violaciones de derechos humanos en su lucha por la justicia, así como a comunidades y pueblos que defienden su autonomía y libre determinación. Gracias a su ética, rigor y compromiso se ha consolidado como una de las organizaciones de la sociedad civil más reconocidas en el país”.