Dos guerras se entrelazan en el México de los pasados 70 años: la guerra sucia y la “guerra contra el narcotráfico”. Pareciera que una abre paso a la otra, y que los objetivos de la primera pasan a la siguiente: una guerra contra las organizaciones populares que deviene en una guerra contra lo social y lo comunitario.

En la primera queda claro que se trata de una guerra de las clases dominantes y el aparato de Estado –con sus militares y paramilitares– en contra de las fuerzas populares y quienes les apoyaban en la lucha por un país y un mundo más justos.

En la segunda, los actores que hasta hace unos años aparecían difuminados hoy son más claros: el Estado, el mercado y el crimen organizado se engranan para abrir camino a los negocios de las economías criminales, para eliminar las resistencias, para colonizar territorios.

En esa larga guerra que a veces es abierta y otras encubierta, que en ocasiones es de mayor o menor intensidad, surgen resistencias que enfrentan a quienes perpetran las violencias. Organizaciones de derechos humanos, contra la represión, por la liberación de presos políticos, contra las ejecuciones extrajudiciales, contra los feminicidios, por las infancias huérfanas a consecuencia de la guerra. Un lugar especial entre estas resistencias lo ocupan las personas y organizaciones que buscan a sus familiares desaparecidos, colectividades compuestas casi siempre por mujeres; madres, esposas, hermanas, hijas que hacen todo para buscar a sus seres queridos.

Un primer momento de las organizaciones de lucha contra las violencias de Estado y de búsqueda de las personas desaparecidas se encuentra marcado por la creación de organizaciones como el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México (1977), el Frente Nacional contra la Represión (1979) y de otras más que fueron germinando en distintos estados del país con posterioridad. Hacia la década de los años 90, la guerra contra las organizaciones populares encontró nuevos momentos que reactivaron la lucha por la memoria, la verdad, la justicia y la presentación con vida. Los crímenes de Estado en Acteal, Chiapas y en Aguas Blancas, Guerrero, son parte de esa historia.

También en la década de los 90, pero en Ciudad Juárez, Chihuahua, organizaciones de mujeres con hijas desaparecidas o asesinadas comenzaron a denunciar el fenómeno que rápidamente atrajo las miradas internacionales. Las asesinadas de Juárez, al que respondieron organizaciones como Nuestras Hijas de Regreso a Casa, significó el grito de alerta al país de la barbarie que se avecinaba.

Durante la primera década del siglo XXI, los movimientos de víctimas en México fueron creciendo a medida que la violencia se extendía. Bajo el discurso de la inseguridad, distintos sectores empresariales apoyados por el duopolio televisivo, convocaron a movilizaciones para demandar seguridad al Estado. Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí se convirtieron en voceros de aquel proceso.

Esta segunda etapa de las movilizaciones en realidad sirvió para fortalecer la estrategia de militarización y mano dura que estaba en puerta, y para difuminar la responsabilidad del Estado y del mercado en el despliegue de las violencias.

En 2011 el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) logró dar un giro a este discurso, inaugurando así una tercera etapa de los movimientos contra las violencias y por las personas desaparecidas. El problema ya no era sólo la inseguridad, detrás de ella había una explicación sistémica y regional del conflicto y una responsabilidad de Estado. La complejidad del fenómeno y los errores políticos del MPJD le imposibilitaron continuar con la maduración de su diagnóstico y discurso.

La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y la lucha que emprendieron sus familiares y compañeros representan un nuevo momento del movimiento por las personas desaparecidas y contra las violencias de Estado. Hay aquí una lectura más acabada de la lógica sistémica de la desaparición de personas y de la responsabilidad de Estado. La consigna “Fue el Estado” representa un acumulado histórico de saberes y luchas.

Durante los pasados 15 años han surgido más de 100 organizaciones que buscan a las personas desaparecidas y que denuncian la impunidad y responsabilidad de Estado. Articuladas en espacios como el Movimientos Nacional por Nuestros Desaparecidos, la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas o la Red de Enlaces Nacionales, no han parado de lanzar iniciativas y explorar las vías legales. También han optado por la acción directa: armadas de dignidad, cientos de personas recorren el país haciendo el trabajo que los gobiernos no quieren: buscar a las personas desaparecidas.

En días recientes algunas colectividades han lanzado un Proceso de Unificación Nacional de Familias de Personas Desaparecidas que como primera acción tuvo una Jornada Nacional de Búsqueda. México debe mirar a estas organizaciones que, como dijeran los zapatistas “Su necia dignidad enseña y muestra el camino”.

*Sociólogo

X: @RaulRomero_mx