Organizaciones que brindan acompañamiento a familias de víctimas de feminicidio y de desaparición forzada cometida por particulares denunciaron la filtración y manejo de la información de diversos casos que todavía están siendo investigados por las autoridades.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y Justicia Pro Persona, indicaron que la difusión de imágenes, audios o videos asociados a crímenes cometidos por razón de género es una práctica violatoria de derechos humanos de las víctimas y sus familias.

Las agrupaciones indicaron que la divulgación de información sobre el caso de una adolescente víctima de feminicidio y la agresión a su madre, cometidas por el mismo perpetrador en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México, ha expuesto “la vulnerabilidad de las investigaciones en curso”.

Tras estos hechos violentos, la Fiscalía accedió al domicilio del victimario y encontró pruebas que lo vinculan a otros crímenes. “Sin embargo, se han filtrado fotos de la escena del crimen y del hogar del imputado, fragmentos del video de la audiencia inicial, y nombres de posibles víctimas asociadas a Miguel N”.

También se han revelado nombres de mujeres jóvenes desaparecidas en la Ciudad de México como posibles víctimas de feminicidio de este imputado. Si dicha información forma parte de las líneas de investigación relacionadas al presente caso, no debería hacerse pública hasta su corroboración mediante los peritajes e investigaciones, protegiendo así los derechos de las víctimas indirectas, que deberían ser las primeras en tener acceso a esa información, a través de canales institucionales y de los procedimientos adecuados para ello.

Ante esta situación exigieron a las autoridades correspondientes de la Ciudad de México que apliquen la Ley Ingrid para evitar la filtración y difusión de información en proceso de investigación.

Añadieron que este tipo de filtraciones, atenta contra el derecho al debido proceso y amplifica el agravio cometido contra la vida y dignidad de las víctimas.

“Estas acciones también violan los derechos de las víctimas a la privacidad y a la protección de sus datos. Además, constituyen prácticas de revictimización que vulneran la seguridad física, psicológica y material de las personas afectadas, y contribuyen a la normalización de la violencia feminicida, socavando los esfuerzos para prevenirla y erradicarla”.

Al difundir este tipo de información, se crea la imagen de un asesino en serie con habilidades especiales o problemas de salud mental. Sin embargo, este enfoque desvía la atención hacia estos personajes construidos y hace que la sociedad pierda de vista el problema real: la violencia extrema contra las mujeres, la permisividad de las autoridades y la impunidad que la rodea.

“Es importante mencionar que el Gobierno de la Ciudad de México solicitó la inclusión de medidas en la Alerta de Violencia de Género para prevenir y atender feminicidios, desapariciones y trata de mujeres. Si bien ha habido avances en el tema de feminicidios, la problemática de las desapariciones requiere un mayor esfuerzo".

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hasta la fecha, la Ciudad de México tiene seis mil 840 mujeres desaparecidas, pero las autoridades no informan cuántas han sido localizadas y cuántas siguen desaparecidas.

Advirtieron que es urgente que se implementen acciones de prevención, atención, protección, búsqueda inmediata, con perspectiva de género e investigaciones rápidas, exhaustivas y diligentes, que permitan a las familias encontrar a las víctimas y responsabilizar a los culpables.

“En nuestro compromiso continuo estaremos vigilantes y seguiremos abogando por un sistema de justicia apegado al respeto de los derechos humanos, que actúe con debida diligencia y perspectiva de género”.

Subrayaron que la información divulgada debe poner en primer plano el respeto a la dignidad humana y ser sensible hacia a las personas afectadas por la violencia.

Exhortaron a frenar la filtración, difusión y reproducción de información que hace parte de la investigación en curso y cuya responsabilidad y secrecía depende de las autoridades de administración y procuración de justicia, entre ellas, la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX), el Poder Judicial de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Igualmente, llamaron a no divulgar datos sensibles e imágenes de las víctimas y de sus familias, que actualmente enfrentan una situación profundamente dolorosa.

Pedimos a los titulares de las dependencias mencionadas que den vista a los organismos internos de control para investigar las responsabilidades disciplinarias y penales de las personas funcionarias públicas que actuaron como primer respondiente y quienes procesaron la escena de los hechos, esto es, peritos, personal ministerial y policial.