En días pasados, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, dio a conocer un documento anónimo en el que se denuncian una serie de prácticas ejercidas por el antiguo presidente del poder Arturo Zaldívar. La mayor parte de las impugnaciones se centran en una y la misma acusación: Zaldívar habría presionado a múltiples jueces para tomar resoluciones sobre las reformas e iniciativas enviadas por la Presidencia de la República o aprobadas por el Congreso, cuando la fracción de Morena lo dominaba con una mayoría constitucional.

Redactada de manera farragosa, con una prosa incontinente, el documento que después entregó la ministra Piña a la prensa denuncia que Zaldívar presionó a magistrados para que cancelaran los amparos presentados por Claudio X. González contra el Tren Maya y el AIFA, o indujeran los juicios por fraude a Emilio Lozoya y otros ex funcionarios, o congelaran las cuentas de Genaro García Luna.

Algunos prelados se habrían opuesto a Zaldívar; otros habrían estado de acuerdo. Y, sin embargo, la jueza Piña solicitó que la Judicatura iniciara una investigación. ¿Quién preside la Judicatura? La misma Norma Piña, por supuesto. Un caso único en que la fiscal y la juez coinciden en la misma persona.

Un grotesco oxímoron jurídico.

Lejos de arredrarse, Zaldívar contratacó. Dos días después del escándalo orquestado por Piña, el ex presidente de la Corte presentó un extenso pliego de graves acusaciones contra la magistrada. Se trata de 10 acciones legales que los abogados de Zaldívar ya están promoviendo. En primer lugar, un juicio político contra Piña por utilizar su investidura (y, por ende, la de la SCJN) para intervenir en el actual proceso electoral en favor de la oposición. Zaldívar acusó a la actual presidenta de haberse reunido en privado con los responsables de la campaña de Xóchitl Gálvez para emprender una operación de desprestigio contra el gobierno de Morena. Si realmente se efectuó ese cónclave, resulta gravísimo.

La SCJN deja de ser un contrapeso en el equilibrio de los poderes de la Unión para transformarse en un ariete de la oposición de derecha. Mayor obstrucción de la justicia es impensable (uno de los delitos más penados en el texto constitucional de 1917). Los otros delitos que Zaldívar imputa a Piña son también de orden electoral. En suma, un sector del Poder Judicial contra otro ámbito del mismo poder.

La mayor parte de la opinión pública ha leído este conflicto interinstitucional en clave electoral. Ya que Zaldívar forma parte del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum (es el encargado de formular la propuesta de reforma judicial), Piña aprovechó la oportunidad con un doble disparo: exponer a quien fue hasta ahora un juez de orientación social y disciplinar en su derredor al conjunto de la Corte. Es preciso recordar que ningún juez se encuentra finalmente por encima de lo político: cada uno encarna en una orientación específica.

Lo otro, la imparcialidad jurídica, es una mera fantasía o una retórica vacía. Algo a lo cual tenemos que acostumbrarnos. Sin embargo, más que de una crisis electoral –es decir, pasajera– se trata acaso de un auténtico cisma, una profunda escisión en la cima del poder judicial. ¿Cuál es el origen de este cisma? Muchos lo atribuyen a la confrontación permanente entre la Presidencia de la República y la SCJN desde que Piña asumió su jefatura. No es la opinión de uno de sus antiguos y más consagrados miembros.

En una entrevista con Letras Libres, José Ramón Cossío resumió así los saldos de esta confrontación: uno de los legados que deja AMLO “a la vida pública nacional es, precisamente, la revitalización de la vida pública”. En otras palabras: esa confrontación, aunque a veces rijosa, habría servido para situar en la mirada pública el funcionamiento de una auténtica división de poderes.

El cisma de la SCJN se debe, en principio, a tres razones. Una, de carácter contingente; las otras dos, de orden estructural. En primer lugar, el intento de Piña para disciplinar a todo el Poder Judicial en el camino de un embate contra la Presidencia después de la contienda electoral, en caso de que gane la candidata de Morena. Una estrategia parecida a la que se siguió en Brasil o en Argentina para corroer gobiernos que disentían de los esquemas neoliberales.

De ahí que Morena se vea obligado a conquistar una mayoría contundente en el Congreso para modificar la composición de esa Corte por la vía electoral y democrática. En segundo lugar, la mayor parte de los jueces que componen el actual Poder Judicial se formaron en los 36 años de dominio de la tecnocracia y el ascenso del crimen organizado. Es, probablemente, el principal obstáculo para emprender una estrategia efectiva contra las organizaciones criminales.

En tercer lugar, el problema esencial: si la reforma de 1994 dio a la Corte los plenos poderes de un tribunal constitucional, la experiencia muestra que esa reforma fue contraproducente. Finalmente, se transformó en un tribunal que es juez y parte de sus propias acciones. Es preciso quitarle sus atributos constitucionales y crear, por separado, una Corte dedicada exclusivamente a resolver sobre asuntos de constitucionalidad. Un auténtico tribunal constitucional.