Diagnóstico. En este tiempo, cuando el periodo sexenal se acerca al final, es prudente iniciar un recuento de lo sucedido en torno al sistema energético nacional. Así, un somero diagnóstico se juzga indispensable. En próximas entregas se tratará lo sucedido después.

Habían pasado cinco años a partir de la cuestionada reforma aprobada durante la presidencia de Peña Nieto (2013), instrumento diseñado para finiquitar las anteriores tareas, encargadas tanto a la CFE como a Pemex.

Acciones (desafortunadamente) efectivas y consecuentes con ello. Esas empresas del Estado, por tanto, iniciaron rápida carrera a su extinción o, cuando menos, a su decadencia. La retórica usada, empero, hablaba de situarlas dentro de sus ya minimizadas asignaciones de ley.

Pemex concentraría sus esfuerzos en la extracción de crudo y gas, pero con menor enjundia que en el pasado. La apertura a la participación privada debía tomar vuelo. La refinación del crudo y el gas, juzgada incosteable, se reservaba para el capital privado extranjero.

De modo que se decidió no invertir más en ello, ni mantener a las refinerías existentes y confiar en la importación de gasolinas. Las seis refinerías de Pemex se convertían, con el paso de los días, en instalaciones chatarra. Antes se había dejado por completo la producción de fertilizantes y se procedía a su compra donde los hubiera. A la par quedaba asignado al sector privado el amplio y creciente campo de los vitales petroquímicos, de cuya producción se había sesgado a Pemex.

Las facturas a pagar, por este enorme volumen de importaciones, casi 55 mil millones de dólares anuales, había emprendido una ruta impagable. Dicha cifra ya rebasaba ampliamente el monto de las exportaciones de crudo, 33 mil millones de dólares. Por lo cual se incidía, tanto en el déficit de la balanza comercial, como en el incremento de la deuda externa.

Para recaudar impuestos –exorbitantes, casi 70 por ciento de sus ingresos– se llevó a cabo un acelerado endeudamiento de Pemex que terminó por dobletear su ya desproporcionada cantidad: más de 120 mil millones de dólares.

Esto la situó como la petrolera más endeudada del mundo, incapacitándola para cumplir sus funciones,aunque se seguía afirmando que era lo conveniente para el país. Los campos se habían asignado, con todo y sus prospectivas de aceites ya bien situadas, mediante subastas, a un selecto ramillete de empresas privadas, nacionales y extranjeras.

El objetivo se cumplía con efectivo empeño pensando que el concepto de soberanía era, en verdad, un extravagante supuesto. Hasta el momento del cambio sexenal se había dejado, para mejores temporadas de remate, el resto de la infraestructura petrolera. El ofrecimiento de no tocar ni un tornillo de Pemex envolvía un denso halo de ineficiencias reales.

Los medios de comunicación cumplieron, con tesón y constancia insuperables, la esperada labor de convencimiento: se estaba salvando a México. Hasta participaban, con ánimo, en algunas de las apropiaciones del día. El amplísimo mercado de los hidrocarburos llevaba una tendencia indetenible a su arbitraria y caótica ampliación, en especial en cuanto a gas licuado.

La proliferación de los monopolios regionales y nacionales se consolidaba con rapidez inaudita. Los precios del producto se fijaban con base en ambiciones particulares. Hasta la penetración del crimen (huachicol) en ello era ya notable.

En este periodo de reforma, la red de gasoductos creció con capital trasnacional, bajo contratos sumamente onerosos para la CFE. Ventajas indebidas para los inversionistas que lastraba la operación de la empresa. Situación que, después del triunfo de López Obrador, debió ser renegociada para terminar los abusos. El ahorro logrado fue de 4.5 mil millones de dólares a 30 años.

A la CFE se le dividió, por terminal mandato, en irracionales regiones que obstaculizaban seriamente su operación. La reforma apenas guardó la transmisión y distribución eléctricas como exclusiva asignación constitucional del Estado, tal vez pensando en su obsolescencia y futuros cambios. Mientras, claro está, se comprometía el funcionamiento eficaz y aseguraban afectaciones a los usuarios.

Para 2014, la generación privada –iniciada desde 1994– era determinante (40 por ciento). La CFE perdía de modo acelerado a sus clientes. Los consumidores de energía, inconformes, se irían encargando de urgir los cambios correspondientes para un funcionamiento planeado por intereses empresariales. Pero la parte sustantiva de la avanzada privatizadora estaba centrada en fórmulas de ley (PIE y Autoabastos) que permitían la formación de sustantivos mercados paralelos, indebidos y hasta ilegales.

El costo anual para la CFE de estos contubernios llegaba a 7 mil millones de pesos. El propósito de asfixiar a esta empresa se cumplía con riguroso empeño. Para el final del sexenio, sería insignificante en el sistema energético nacional.