Oklahoma. Estados gobernados por republicanos se apresuran a darle más poderes a la policía local para regular la inmigración y a imponer sanciones penales a las personas que viven en Estados Unidos sin autorización, mientras el tema de los migrantes que cruzan la frontera sur del país sigue siendo una cuestión central para las elecciones de 2024.

El Congreso de Oklahoma aprobó rápidamente un proyecto de ley esta semana que crea el nuevo delito de “ocupación inadmisible” y lo pasó al gobernador para que lo promulgara. El nuevo delito conlleva penas de hasta dos años de prisión por estar en el estado en forma irregular.

Oklahoma es uno de varios estados gobernados por republicanos que están maniobrando para endurecer el control de la inmigración mientras republicanos y demócratas intentan sacar provecho político del asunto. Eso quedó claro en febrero, cuando el presidente Joe Biden y el ex presidente Donald Trump visitaron la frontera de Estados Unidos con México el mismo día y forcejearon a distancia sobre quién carga con la culpa de que el sistema del país para controlar la inmigración se encuentre en tan mal estado y cómo corregirlo.

Estas son algunas cosas que hay que saber sobre las últimas iniciativas en varios estados para abordar el tema de la inmigración:

Los legisladores de Oklahoma siguieron el ejemplo de Texas, donde el gobernador Greg Abbott promulgó un proyecto de ley el año pasado que le permitirá al estado arrestar y deportar a las personas que ingresen a Estados Unidos sin autorización. Esa ley está en pausa actualmente mientras el Tribunal Federal de Apelaciones del 5to Circuito sopesa una impugnación presentada por el Departamento de Justicia federal.

Los opositores dicen que la ley es el intento más drástico de un estado para controlar la inmigración desde una ley de Arizona creada hace más de una década, de la cual la Corte Suprema federal anuló algunas partes.

La ley de Oklahoma haría que sea ilegal permanecer en el estado sin un permiso legal, y una primera infracción sería considerada un delito menor y podría ser castigada hasta con un año de cárcel. Se requeriría que los infractores salieran del estado dentro de las 72 horas posteriores a su liberación. Una segunda infracción y las subsecuentes serían un delito grave que se castigaría hasta con dos años de prisión.

El presidente interino del Senado estatal, Greg Treat, que presentó la propuesta en la cámara alta, expresó su frustración con el gobierno y el Congreso federales por no tomar medidas más definitivas para resolver el problema de la inmigración.

“El gobierno federal ha fracasado. El Congreso federal... no han hecho nada para tener un impacto en ello”, señaló el republicano Treat. “Así que, ¿qué podemos hacer? Podemos decir que tienes que estar legalmente en Oklahoma”.

Afuera del Capitolio estatal, más de 100 personas se congregaron el martes para oponerse al proyecto de ley.

Sam Wargin Grimaldo, de 36 años y abogado del sur de Oklahoma City cuya madre emigró desde México en 1979, pidió a los manifestantes que se empadronen para votar y se involucren más en la política.

Grimaldo dijo que muchos latinos de Oklahoma tienen miedo de la nueva ley.

“Nos sentimos atacados”, comentó Grimaldo, quien portaba una camiseta que decía: “Joven, latino y orgulloso”.

“La gente tiene miedo de salir de sus casas si se propone un proyecto de ley como este y después es aprobado”, agregó.

El gobernador de Tenesi, Bill Lee, promulgó una ley que requiere a las agencias policiales comunicarse con las autoridades federales de inmigración si hallan a personas que están en el país sin permiso, y las obliga a cooperar en el proceso de identificarlas, detenerlas y deportarlas. Ese proyecto de ley entra en vigor el 1 de julio. Otra propuesta en el estado permitiría aumentar las sentencias de prisión hasta cadena perpetua para quienes se encuentren en Estados Unidos de forma irregular y cometan un delito violento.

En Iowa, la gobernadora republicana Kim Reynolds promulgó un proyecto de ley este mes que tiene partes similares a la ley de Texas. Otro enfoque para desarrollar un proyecto de ley similar a la ley de Texas está avanzando en Luisiana. Y los legisladores de Idaho examinaban una iniciativa parecida, pero levantaron la sesión sin aprobarla.

Los legisladores de Georgia aprobaron un proyecto de ley que busca obligar a los carceleros a verificar el estatus migratorio de los reclusos, parte de una respuesta política al asesinato de una estudiante de enfermería en el campus de la Universidad de Georgia, presuntamente cometido por un venezolano.

El mes pasado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó una ley con el fin de aumentar las sentencias de prisión para los migrantes que están en Estados Unidos sin autorización si son declarados culpables de delitos graves o por conducir sin licencia.

Al igual que la nueva ley de Texas, es casi seguro que muchos de los proyectos de ley enfrenten impugnaciones judiciales debido a que la inmigración es una cuestión federal, no estatal, en la Constitución de Estados Unidos, dijo Kelli Stump, abogada de inmigración de Oklahoma City y presidenta electa de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.

“Todo esto está hecho un desastre y el sistema no funciona, pero la Constitución señala que los estados deben lidiar con los asuntos estatales y los federales manejan los asuntos federales”, señaló Stump. “A la larga, esto acabará ante la Corte Suprema, si es que tengo que apostar algo”.