Moscú. Timur Ivanov, uno de los doce viceministros de Defensa de Rusia, pero tal vez el más cercano al titular de la cartera, Serguei Shoigu, no pudo evitar la prisión preventiva que le dictó este miércoles una corte de Moscú al menos para los siguientes dos meses.

Detenido la noche del martes por el Servicio Federal de Seguridad (FSB, siglas en ruso del organismo sucesor del KGB soviético), el Comité de Instrucción de Rusia imputa a Ivanov el delito de recibir un “soborno de gran cuantía” (no menos de un millón de rublos, equivalentes a 10 mil euros) que el Código Penal castiga con hasta 15 años de prisión.

Junto con él, también están detenidos tres personas más, entre ellos su socio, Serguei Borodin, propietario de 18 compañías de construcción que se beneficiaba de los contratos con el ministerio de Defensa.

La caída en desgracia de Ivanov, coinciden analistas políticos, parece tener implicaciones más delicadas que la de por sí bochornosa detención de un presunto corrupto más de un ejército volcado en la “operación militar especial” que dura ya 2 años y dos meses en Ucrania.

Lo sorprendente –en opinión de un amplio espectro de observadores, desde Tatiana Stanovaya, crítica del Kremlin, hasta Serguei Markov, politólogo oficialista– no es el arresto de Ivanov, sino que se haya producido precisamente ahora, apenas unas horas después de aparecer en las pantallas de los televisores en una reunión de la plana mayor del ejército sobre la situación en el frente, presidida por quien se considera su gran protector, el ministro Shoigu.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, no quiso comentar el caso de Ivanov, remitiendo a los periodistas a la información oficial que proporcionan las dependencias a cargo de la investigación. Tampoco precisó si Putin y Shoigu hablaron de Ivanov, aunque reconoció que mantienen contacto cotidiano.

Abbas Galiamov, que trabajó muchos años en la Oficina de la Presidencia rusa escribiendo discursos para el titular del Kremlin, Vladimir Putin, considera que la defenestración de Ivanov en este momento –en las semanas que se está discutiendo la renovada composición del gobierno que debe anunciar el mandatario después de que, el 8 de mayo siguiente, tome posesión para un quinto mandato–, reduce las posibilidades de que Shoigu se mantenga en el cargo.

Pero es una decisión que debe tomar sólo Putin y, otros seguidores del quehacer político ruso, no excluyen que Shoigu logre convencer a su jefe y amigo de que no estaba al tanto de los excesos de su subordinado –aunque la esposa de éste, Svetlana Maniovich, se encargó de exhibir en las redes sociales la vida de lujo que la familia del ahora detenido se podía permitir en París, en la Costa Azul francesa y otros sitios de privilegio–, convirtiendo a Ivanov en simple chivo expiatorio.

Pero es poco creíble que el ministro de Defensa no estuviera al tanto, argumentan, ya que todos sabían que Ivanov no era un viceministro más, sino una de las personas de la mayor confianza de Shoigu desde los tiempos en que éste se desempeñó como gobernador de la región de Moscú y aquel se hizo cargo del sector de la energía con rango de viceprimer ministro de esa entidad federal.

Desde entonces, a partir de fines de 2012 cuando Shoigu asumió la cartera de Defensa, Ivanov estuvo cerca de él y en la jerarquía castrense, con rango de viceministro en los ocho años recientes se ocupaba de un área que manejaba presupuestos millonarios, la de todo tipo de obras para necesidades del ejército, construidas por las tropas o por contratistas (las empresas de su socio Borodin). Se trata en primer lugar de las fortificaciones en el frente de Ucrania, así como de costosos proyectos que dieron lustre a la imagen de Shoigu como la catedral ortodoxa dedicada al ejército ruso o el Parque Patriot (Patriota). Se comenta que Ivanov también estaba repartiendo los contratos para la construcción de edificios en Mariupol, puerto de la región de Donietsk anexionada por Rusia.

El FSB, de acuerdo con TASS, agencia noticiosa oficial, llevaba años investigando a Ivanov y, según las fuentes anónimas de la seguridad del Estado que cita el portal ruso Vashniye Istorii (Historias importantes), quiso detenerlo en 2017 cuando documentó muchas irregularidades de 2013 a 2016, siendo director general de la empresa Oboronstroy (Construcciones para la Defensa), pero Shoigu intercedió por él y lo ascendió a viceministro.

De modo extraoficial circula la versión de que, si Putin por fin dio luz verde para detener a Ivanov, ello se debe a que Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, y Aleksandr Bortnikov, director del FSB, pudieron presentarle “evidencias” de que Ivanov cometió “alta traición”.

De ser cierto, hasta ahora nadie conoce los detalles de una acusación tan grave, más allá de que, a pesar de la prohibición de Putin, Ivanov tiene propiedades en países “hostiles” a Rusia, es decir, miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), donde vive su familia y derrochan la fortuna obtenida por un simple –ahora ex– viceministro de Defensa.