Como sabemos, el pasado 5 de febrero, el Presidente de la República presentó en la Cámara de Diputados 20 iniciativas de reforma de las cuales 18 son constitucionales. La inédita y masiva tarea legislativa fue incrementada por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) al incluir decenas de iniciativas rezagadas y relacionadas, al punto que hoy se habla de un paquete de 171. La Jucopo organizó foros en 25 estados del país para recuperar opiniones sobre las mismas, tanto regionales como estatales y fueron agrupadas en cuatro ejes temáticos: libertad, democracia, justicia y bienestar. En esa iniciativilandia se encuentra una en materia indígena.
En breve síntesis, podemos señalar que, de parte institucional, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) procedió a defender el contenido de la iniciativa sin señalar que fue abiertamente mutilada respecto de la que una representación de la tribu yaqui, de los foros promovidos por ese instituto, entregó desde 2021 al titular del Ejecutivo federal. El 6 de febrero pasado un amplio grupo de firmas de autoridades tradicionales, vinculado al proceso de foros, reconoció y agradeció la iniciativa. Días después el INPI instaló el Concejo Nacional de Pueblos Indígenas establecido en su ley de creación como órgano de participación, consulta y vinculación con los pueblos indígenas y afromexicanos (artículo 11).
El centro de la iniciativa y de la defensa a la misma es el reconocimiento a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público lo que les permitiría ejercer de forma plena su ejercicio a la libre determinación y a la autonomía al contar con un patrimonio propio y ejercer directamente presupuestos públicos. En vano, el INPI ha distorsionado el concepto de territorio para justificar que está presente en la iniciativa al señalar que se reconoce patrimonio biocultural y lugares sagrados. La postura más sólida y crítica es la que ha presentado en una opinión técnica (13 de marzo de 2024) ante la Cámara de Diputados la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea), que también participó de los foros del INPI. Coincide en ponderar el reconocimiento a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y, sin embargo, anota la inaceptable omisión del derecho al territorio apuntando el fundamento en derecho internacional y sobre todo enfatizando que es “en sus territorios donde se intensifican los procesos de violencia, desplazamiento forzado, despojo de tierras y saqueo de recursos naturales”. Aldea organiza su análisis en el contraste entre lo que señala la iniciativa a dictaminar, lo que establece la Constitución actualmente y su propuesta de modificación. Cuestiona que permanece el control de las entidades federativas con la facultad de determinar el alcance y las características del derecho a la libre determinación en cada estado. Concluye con un exhorto urgente, que reiteró hace cinco días, para que sea dictaminada la referida iniciativa, obviamente con la expectativa de que se considere su propuesta de modificación. El INPI ha callado y más aún cuando en el Foro de dialogo estatal autonomía y libertad indígena, realizado en Oaxaca el pasado 1º de abril, tras presentarse de parte indígena y por especialistas la defensa de sus derechos, al cierre del mismo se pronunció un contundente mensaje político, virtual denuncia, por la diputada Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. En estos términos: “no nos dan los números, los números no alcanzan”, al referirse a los votos necesarios para aprobar la reforma constitucional en materia indígena. Abundó que “la oposición dice que es una reforma electorera y no lo es, fue consensuada en más de 50 foros y la propuesta fue reformar 16 artículos; no es reforma del Presidente, es de los pueblos, se construyó desde abajo y agregó: “recogemos opiniones de Aldea”. Concluyó que “hay que hacer un cálculo si conviene someter a votación en el pleno o debemos esperar la próxima legislatura no existen las condiciones. El mensaje es a la oposición ausente que se escudan en que es electorera”.
Es un hecho que en una semana concluirá el último periodo de sesiones de la Legislatura 65 de la Cámara de Diputados y la iniciativa de reforma constitucional en materia indígena presentada por el Presidente de la República el 5 de febrero de 2024 no se ha dictaminado en la Comisión de Puntos Constitucionales (la de Pueblos Indígenas y Afromexicanos sólo emitirá opinión) y, por tanto, no llegará al pleno para ser votada . Aun en el escenario de un periodo extraordinario bicamaral, son otros temas los que concentran el interés; citemos sólo el de pensiones o el de reforma al Poder Judicial y la desaparición de la representación legislativa plurinominal.
En conclusión, corresponde a los pueblos involucrados la reflexión sobre la naturaleza de la clase política, sin olvidar experiencias autonómicas con portazos similares: ¿2001?
