San Cristóbal de Las Casas, Chis. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), informó que la jueza Viridiana Montenegro Peña sentenció “injustamente” a 25 años de prisión a cinco tzeltales de San Juan Cancuc, defensores del territorio, “por un delito que no cometieron”.

En un comunicado afirmó que “este acto es muestra del patrón sistémico y generalizado de la (in)justicia mexicana. Se confirma que existe una criminalización a defensores del territorio, agravando la crisis de derechos humanos que se vive en México”.

Añadió que “la burocracia judicial se convierte en un laberinto que prolonga este proceso de criminalización. De nueva cuenta nos encontramos ante el reto de impugnar un juicio a todas luces injusto. El Estado demuestra que su apuesta es al cansancio, pues antes que reconocer la insostenibilidad de la acusación tiende a reponer, infinitamente, los procedimientos”.

Manifestó que “junto a personas y colectivos a nivel nacional e internacional hemos insistido en que, desde mayo de 2022, Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco fueron detenidos arbitrariamente, desaparecidos, acusados y procesados penalmente como represalia a su labor como defensores comunitarios en el marco de la imposición de proyectos de infraestructura y militarización en su territorio”.

Los cinco indígenas, presos en el penal de San Cristóbal, están acusados del delito de homicidio calificado en agravio de un policía del municipio de Cancuc, situado en los Altos de Chiapas. 

En un comunicado leído en rueda de prensa por la directora del Frayba, Dora Roblero, los cinco tseltales exigieron su “liberación inmediata” porque son “inocentes”. 

Agregaron: “Nos han robado dos años de vida, nos han robado dos años de estar con la familia y la posibilidad de ver crecer a nuestros hijos, pero no nos han robado nuestra dignidad y la esperanza de obtener justicia”. 

El Frayba señaló que “desde la primera audiencia de juicio se expusieron inconsistencias en las pruebas fabricadas por parte de la Fiscalía de Justicia Indígena, además de múltiples violaciones a derechos humanos. El 12 de mayo de 2023, fueron sentenciados por primera vez, a veinticinco años de prisión”.

Añadió que “a través del recurso de apelación, a finales de febrero de 2024, el Poder Judicial chiapaneco decidió reponer la audiencia de juicio oral aun cuando pudo haberse pronunciado por el fondo y corroborar que la fiscalía no había logrado mantener su fabricación”.

Durante la reposición del juicio, abundó, “quedó nuevamente comprobado que se trataba de una acusación fabricada. Sin tomar en consideración que ninguna prueba responsabilizaba directamente a los acusados, y que existían incluso dudas sobre la existencia de un delito, la nueva Jueza emitió de nueva cuenta una sentencia condenatoria” el 19 de este mes. 

El organismo que preside el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López hizo un llamado a los colectivos, organizaciones y personas solidarias de México y el mundo a que “continúen con su labor en la exigencia de justicia y libertad para los defensores presos de San Juan Cancuc”.