De acuerdo con los resultados preliminares conocidos al cierre de esta edición, las propuestas cruciales en materia de seguridad presentadas por el presidente Daniel Noboa para ampliar las facultades gubernamentales en seguridad pública habrían recibido un respaldo mayoritario de la ciudadanía: entre otras, la participación de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia, el aumento de penas para delitos graves, la posibilidad de extraditar a ciudadanos ecuatorianos requeridos por imputaciones en otros países, la extinción de dominio para bienes de origen ilícito que sean incautados y varias medidas para restringir la posesión y portación de armas por parte de particulares.

En contraste, el paquete de medidas orientadas a consolidar el modelo neoliberal ya vigente en Ecuador habría sido rechazado por la mayor parte de los votantes: más de 60 por ciento se opondría al reconocimiento de arbitrajes internacionales para resolver controversias relacionadas con inversiones, contratos y comercio; también serían rechazadas las reformas constitucionales y legales para establecer contratos de plazo fijo y trabajo por horas.

Así pues, en tanto que la mayoría de la sociedad ecuatoriana parece haberse inclinado a favor de las estrategias de seguridad de mano dura propuestas por Noboa –con el telón de fondo de una gravísima crisis de violencia delictiva que ayer mismo se cobró la vida del director de una cárcel–, los intentos presidenciales por avanzar en la destrucción de la legislación laboral y de la soberanía económica se habrían topado con un rechazo mayoritario. El balance general puede verse como una muestra de discernimiento por parte del electorado, el cual rehusó aprobar en su totalidad el paquete de modificaciones presentado por el gobierno; otorgó a la Presidencia instrumentos de lucha contra la inseguridad, pero le denegó reformas que resultarían lesivas e incluso depredadoras para los asalariados y para la economía nacional.

De tal manera, el gobernante no logró obtener de la consulta múltiple una muestra incuestionable de respaldo social mayoritario ni convertir el ejercicio democrático en plataforma para su empeño de relegirse en los comicios presidenciales previstos para enero del año entrante.

Al margen de las votaciones de ayer, Ecuador sigue sumido en una triple crisis de pronóstico reservado: la de inseguridad, que Noboa heredó de sus predecesores Lenín Moreno y Guillermo Lasso; la internacional, causada por el propio presidente con su bárbaro asalto a la embajada de México en Quito –y que le ha valido al gobierno ecuatoriano un aislamiento sin precedente en Latinoamérica y en el mundo–, y la energética, provocada por la ineficacia y el descuido del gabinete del propio Noboa, y que ha originado un grave desabasto eléctrico en las principales ciudades del país andino.

Parece difícil que las reformas en materia de seguridad pública puedan revertir la actual situación de desastre, toda vez que no están dirigidas a resolver la raíz de los fenómenos delictivos, sino a combatir sus síntomas. Por su parte, la crisis diplomática no ha hecho más que empezar y puede darse por descontado que sus consecuencias aún no han impactado del todo a los gobernantes de Quito. En suma, los éxitos gubernamentales en la consulta de ayer no se traducen en victorias políticas ni en logros gubernamentales significativos.