Ciudad de México. Las próximas autoridades tendrán que asumir un compromiso firme con la inversión necesaria para resolver la crisis del agua y garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras, advierte la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de la Ciudad de México.
El organismo empresarial, estimó que se requiere una inversión mínima de 70 mil millones de pesos para maximizar el aprovechamiento de las fuentes de abastecimiento, garantizar la calidad del agua potable y mejorar la red de distribución.
Al reconocer la importancia de los temas discutidos el domingo por las candidaturas que representan, Clara Brugada de la coalición “Juntos Hacemos Historia en la Ciudad de México”, Salomón Chertorivski de Movimiento Ciudadano y Santiago Taboada de la alianza “Va por la CDMX”, destacó dos asuntos de vital relevancia para el futuro de nuestra metrópoli: la gestión del agua y la lucha contra la corrupción.
“Es imperativo que las y los candidatos definan de manera clara y transparente la inversión que destinarán para atender la crisis del agua en la CDMX”, añadió.
El debate puso de relieve propuestas innovadoras para la gestión del agua, como la inyección a acuíferos, el tratamiento y la captación de agua de lluvia, la creación de un C5 del agua, un gran acuerdo metropolitano de coordinación y abrir ríos y caudales en la CDMX, añadió.
“Durante el debate, se observó una postura negativa hacia la inversión privada en el sector del agua. Sin embargo, la magnitud del problema requiere de la colaboración entre el sector público y el privado para lograr soluciones urgentes y efectivas”, apuntó.
La ciudad necesita una inversión histórica para enfrentar un problema sin precedentes. “Es crucial que las candidaturas se comprometan con un plan financiero transparente y viable, que incluya la colaboración entre los sectores público y privado para garantizar el acceso al agua potable y enfrentar la crisis hídrica de la región”.
Para la Coparnex local la magnitud de la crisis del agua en la CDMX exige una colaboración urgente entre el sector público y el privado, así como la creación de un sistema anticorrupción independiente con una fiscalía y cuerpos de investigación autónomos y bien remunerados, añadió.