Un dicho popular afirma que “más vale un mal acuerdo que un buen pleito”. Este parece ser el criterio del presidente López Obrador para establecer un programa de retorno para migrantes que han quedado entrampados en el tránsito migratorio y se les ha cerrado la puerta al llamado sueño americano.

Si se hace un cálculo económico simple, resulta igual o más barata esta propuesta que encerrar a los migrantes irregulares en centros de confinamiento o retornarlos desde la frontera norte a Tapachula, para que vuelvan a sumarse a la siguiente caravana.

También es una opción, que podríamos calificar como decente, con una perspectiva humanitaria, en un momento del proceso migratorio muy complejo y delicado, dada su gran magnitud, vulnerabilidad y diversidad de orígenes y condiciones sociales. Se opta por una solución mesurada, en vez de proceder de manera autoritaria a la deportación.

La medida tiene todo el sello de la política de López Obrador, de entregar el dinero a la persona directamente y no a una burocracia encargada de administrar, vigilar y condicionar el uso de ese dinero. También es coherente con su planteamiento de atender las causas en los países de origen. Pero algunos consideran que esta medida es un apoyo directo a Nicolás Maduro.

El programa resulta innovador en el caso de México y América Latina porque se trata de un retorno asistido, como el que realiza la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), pero con apoyo a la reintegración del migrante, algo que se ha dado en algunos países africanos, pero nunca en América Latina. Aunque quizá habría sido mejor negociar con la OIM para que se encargue de este trabajo. Saben cómo hacerlo.

Ciertamente es una solución parcial y sólo para aquellos migrantes que han quedado varados en México y no saben cómo regresar a sus lugares de origen. La vida del migrante de tránsito en México es bastante complicada y expuesta a muchos riesgos.

En una reciente visita a una casa de migrantes en Bogotá, una señora expuso que estaba de regreso del Darién, prefirió retornar y no exponer a sus hijos a esa peligrosa travesía. A esa gente hay que apoyarla. No sabemos cuántos se van a acoger a esta medida, en realidad podemos estimar, a muy grosso modo, una población flotante de medio millón de migrantes en tránsito por el territorio nacional. Aunque sólo una mínima parte va a acogerse a este programa.

México es el último país de tránsito migrante que llega desde la Patagonia chilena hasta el río Bravo. Y ahí se enfrenta con una política de rechazo total por parte del estado de Texas. Es fácil administrar el tránsito en países como Panamá y Costa Rica, que ponen camiones para transportar a los migrantes a la siguiente frontera.

Pero en el caso de México los flujos se atascan en la frontera norte, que, si bien es amplia y porosa, ya no se utiliza para el cruce clandestino. Los migrantes de otros países buscan cruzar la frontera y entregarse a las autoridades. Y lo peor de todo es que a muchos los regresan a México, de tal modo que el número de migrantes crece por los que vienen del sur y también se incrementa por los que regresan del norte.

Es imperioso buscar formas de retorno humanitario de migrantes a sus países de origen. Y es también urgente facilitar los canales y los trámites para los migrantes solicitantes de refugio. La Comar cuenta con un presupuesto muy limitado. No se puede obligar a los migrantes que están en Tapachula a que se queden ahí por meses hasta que salga su resolución. No hay condiciones mínimas de sobrevivencia.

Llama la atención la generosidad de esta medida de retorno y reintegración y la pobreza republicana en la que vive la Comar, donde 49 por ciento del presupuesto viene, por el momento, de la Acnur. Habrá que evaluar los resultados, el programa similar de retorno asistido de la OIM no ha sido utilizado de manera significativa por los migrantes.

La medida es para migrantes sudamericanos de Venezuela, Colombia y Ecuador y al parecer se puede extender a centroamericanos. Pero lo que es una excepción, dada la crisis actual, se puede convertir en exigencia para cualquier deportación, lo que resultaría imposible de financiar. Salvo que se haya negociado un fondo especial para aplicarlo. Ciertamente, el que debería financiar esta medida es Estados Unidos y a ellos les resulta sumamente económica esta disposición.

Hace años entrevisté a un migrante mexicano, me contó que cuando quería regresar a México desde Chicago se paseaba enfrente de la oficina de la migra, con sombrero y huarache, para que lo agarraran y deportaran, así no pagaba el viaje de regreso. Eran otros tiempos.

Pero ciertamente, para muchos migrantes varados en el tránsito y que les negaron la entrada a Estados Unidos y fueron fichados, esta medida puede convertirse en una oportunidad.