Ciudad de México. El derecho al autogobierno y a la administración directa de la comunidad de Crescencio Morales, del municipio de Zitácuaro, Michoacán, será decidido este lunes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin haberlos escuchado, pese a ya haber pedido audiencia a la presidenta de dicho organismo, Norma Piña Hernández.

Orlando Aragón, abogado del Colectivo Emancipaciones que apoya el Frente por la Autonomía de Michoacán, explicó que la SCJN determinará si la Ley Orgánica municipal de Michoacán que contempla el derecho al autogobierno y a la administración directa del presupuesto es constitucional, lo que permite transmitirles recursos sobre los cuales sus habitantes determinen para qué usarlos.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Zitácuaro, al cual pertenece la comunidad de Crescencio Morales, promovió que este mecanismo que funciona desde 2016 sea revertido y el dinero solo lo maneje el ayuntamiento.

El problema en el país en general es que los gobiernos municipales no distribuyen de manera equitativa el presupuesto, en el caso de Michoacán así ocurre y afecta a las comunidades porque (los municipios) se quedan con el presupuesto y ya no lo dan a las comunidades indígenas, explicó Orlando Aragón.

“Los presidentes municipales aceptaron esto a regañadientes, pero les merma mucho el poder del recurso y muchas comunidades no permiten el proselitismo, y cuando lograron la ley el ayuntamiento ahora fue a la Suprema Corte para quitarles el derecho”, comentó.

El Ayuntamiento preparó el camino y como las comunidades no tienen la representación legal de la misma manera que el gobierno estatal, el municipal y el federal, es que ni siquiera los tomaron en cuenta en un derecho que las propias comunidades ganaron para ejercerlo desde hace siete años.

El abogado mencionó que buscaron de manera formal hablar con los ministros para hacer una audiencia pública en tres ocasiones, pero hasta la fecha no ha habido una respuesta, lo cual consideran delicado porque hay cuestiones elementales como ese principio de ser escuchados.

“Se debe llamar a las comunidades indígenas pero la ministra (Norma Piña) no ha respondido a las peticiones de la comunidad”.

Ya hay un antecedente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la misma situación en 2022 al no respetar el autogobierno en el caso de La Cantera, comunidad purépecha, en el municipio de Tangamandapio, en ese caso sus habitantes ni se enteraron hasta tomada la decisión. Ahora el caso empezó a ser estudiado y sumarán las referencias del caso de Crescencio Morales y lo que ocurra este día.