Tijuana, BC. Aunque desde el 2017 se reformó la Ley General de Salud y el Código Penal Federal para regular el uso de la cannabis en México, y en Baja California un juez ordenó al gobierno estatal -vía la Secretaría de Salud- en 2020 entregar los tratamientos médicos para quienes requieren su uso, la orden no se cumple porque los médicos locales desconocen su uso y se cierran al aprendizaje de los tratamientos que ya se recetan en California.

Enfermos y activistas en pro de su uso lamentan que esté por concluir el actual periodo del Congreso y la legislación siga incompleta pese a los muchos exhortos. Algunos señalan que sin lugar a dudas, el tema será “pateado” para la próxima legislatura.

En toda la frontera norte, pero en especial en Tijuana, decenas de personas hacen uso del cannabis para el tratamiento de diversas enfermedades, que van del cáncer a la epilepsia y que consiguen en Estados Unidos.

Arantza Ortiz Arreola, una niña de diez años que utiliza tratamientos a base de cannabis es uno de esos pacientes que logró, por la vía judicial, una orden para que el estado de Baja California le dé tratamiento porque sin él, tendría hasta 120 convulsiones por día.

Arantza y su madre son obligadas a vivir en la ilegalidad; para atender su padecimiento gastan entre 400 y 800 dólares cada tres meses y tienen que conseguir el medicamento en los Estados Unidos y “pasarlo” a México gracias a la buena voluntad de agentes de la aduana que conocen la situación de la niña.

El uso lúdico, que para muchos será el gran negocio, parece tener menos problemas que el médico. En Tijuana se vuelven cada vez más populares las "smoke shops" o tiendas de venta de parafernalia para el consumo de cannabis.

Actualmente existen más de 30 de estos establecimientos, pensados para funcionar como dispensarios en cuanto la legislación lo permita, mientras que productos que utilizan CBD (uno de los cannabinoides para los cuales si existen permisos y algunas regulaciones) se pueden comprar hasta en la farmacia de la esquina, incluyendo ungüentos para el dolor muscular, cremas hidratantes y bebidas energéticas.

Promesas de regulación

En su última visita a Tijuana en mayo de 2023, Ricardo Monreal, quien aún era el coordinador de la bancada morenista en el Senado de la República, aseguró que el tema de la legalización de la cannabis "es una de las prioridades que tiene el grupo para el periodo ordinario, aún tenemos dos periodos ordinarios en esta legislatura".

Hasta el momento la legislación está parada en comisiones. Para Cesar Hank Inzunza, activista cannabico y dirigente del Partido Encuentro Solidario (PES Baja California), la reglamentación que ya existe es deficiente y separada de la realidad.

"Jamás pensé que, no nada más no estaban bien las modificaciones, sino que no iban a progresar (...) es un desacato legislativo a la Suprema Corte de Justicia, es un desacato a la declaratoria de inconstitucionalidad", recordó Hank Inzunza, recalcando que el reglamento sanitario y la legislación que ya se aprobaron se contradicen.

"Me queda claro que en este periodo (legislativo) ya no pasó, tan no pasó que ya casi se acaba ahorita ya no hay manera (...) nos queda esperar que en la próxima legislatura pueda haber viabilidad, esperamos tener mayor apertura en los tres órdenes de gobierno, empezando con la Presidencia de la República" aseveró el dirigente partidista.

Por vía de mientras en Baja California

En 2020, el Sexto Tribunal Colegiado del XV Circuito Judicial, con sede en Mexicali, ordenó a la Secretaría de Salud de Baja California proporcionar a Arantza Ortiz Arreola y a otros pacientes, tratamientos a base de cannabis o, en el caso de no contar con ellos, importarlos, algo que no se cumplió durante el gobierno de Jaime Bonilla Valdez.

En la actual gestión de Marina del Pilar Avila, la Secretaría de Salud del estado, a través de su titular, Jose Medina Amarillas, manifestó después de una primera cita con los solicitantes, que no se puede recetar cannabis medicinal, ya que no se encuentra en el cuadro básico, aunque ese argumento fuera desestimado por el Poder Judicial de la Federación cuando dio el amparo.

A los pacientes se les invitó en este 2024 a una nueva valoración médica por parte de la Secretaría de Salud de Baja California; no obstante, se han mantenido al margen porque en 2023 el médico que le hizo la revisión a Arantza dijo desconocer el uso médico de la cannabis.

"Se ha tomado la decisión de no asistir hasta en tanto la Secretaría de Salud nos garantice que tienen el conocimiento o que se cuenta con la experiencia necesaria para poder prescribir estos tratamientos y posteriormente coordinarse con la Federación y poder dar el acceso al tratamiento, como ordena la sentencia desde 2020", detalló el representante legal de los pacientes, Emmanuel Farías Camarero.

Quienes buscan la regularización para uso lúdico pueden esperar, dice el abogado, pero qué pasa con los pacientes como Arantza que la necesitan para tener algo parecido a llamar vida.