Dina Boluarte, presidenta de Perú, hizo una serie de declaraciones en las que de manera poco velada llamó a dar carpetazo a las indagatorias por su enriquecimiento inocultable e inexplicado desde que desplazó del poder al depuesto Pedro Castillo. La mandataria dijo que no caerá en distracciones menores en referencia a las revelaciones de que posee una extensa colección de joyas y relojes de lujo, así como de que en los meses recientes ha recibido depósitos en su cuenta bancaria por 267 mil dólares (su sueldo anual asciende a apenas 50 mil dólares). También llamó a dejar atrás la trivialidad y el odio y afirmó que los odios no generan desarrollo, los odios no permiten avanzar.

Estos dichos son un reflejo fiel del desparpajado cinismo con que se conduce Boluarte y del absoluto desprecio por la legalidad y la democracia que exhibe la práctica totalidad de la clase política peruana. Debe recordarse que la abogada llegó a la Presidencia gracias al complot legislativo-judicial que depuso y encarceló a Castillo en diciembre de 2021, y que su ascenso fue visto como una traición por los ciudadanos que eligieron al maestro rural, puesto que para asegurar el apoyo legislativo y empresarial Boluarte desechó todo el programa de gobierno por el que votaron los electores. A su ilegitimidad pronto sumó un expediente represivo que la equipara con otros regímenes autoritarios surgidos del uso del aparato judicial para anular la voluntad popular: en sólo unos meses, más de 50 personas murieron a causa del abuso de la fuerza empleada para acabar con las manifestaciones que se extendieron por todo el país.

Tras sofocar las expresiones de malestar a hierro y sangre, Boluarte consumó el giro derechista en la política interior y exterior, incluida la rendición de la soberanía peruana a Washington. Como resultado de aplicar un programa que nunca fue votado, así como por la evidente corrupción de ella y su entorno, su administración es rechazada por 86 por ciento de los ciudadanos. El Congreso, cómplice de su gobierno y principal responsable de la permanente crisis política en que se encuentra sumido Perú, registra números aún peores, con 92 por ciento de rechazo. La acumulación de agravios ha dado pie a un nuevo ciclo de protestas, frente a las cuales la presidenta reaccionó con la amenaza de repetir la violencia de Estado: a los descontentos les dijo ¿cuántos muertos más quieren? para disuadirlos de salir a las calles. Además, emprendió una cacería contra todos los funcionarios y policías que participaron en la investigación sobre su riqueza mal habida.

La desconexión de Boluarte con respecto a la sociedad ha sido un rasgo de su paso por el Ejecutivo, y hoy es más honda que nunca por su decisión de cortar toda comunicación con la prensa. Es claro que Perú se encuentra en peligro de empeorar su ya alarmante descomposición social y política bajo el mando de una dirigente incapaz de reconocer que no son los señalamientos de corrupción, sino la corrupción misma, lo que impide avanzar y sabotea el desarrollo en un país donde el problema no es la falta de riqueza, sino su concentración insultante en manos de una oligarquía racista, entreguista y acostumbrada a obtener sus ingresos de la transferencia de recursos públicos a manos privadas.