Ciudad de México. El gobierno de Nicaragua sacó de las cárceles el viernes a mil 500 reos comunes, en medio de reclamos de la oposición para que sean liberados unos 140 más, considerados presos políticos por organizaciones y que son en su mayoría opositores arrestados y condenados tras la rebelión social de 2018.

En un acto oficial realizado en la cárcel Modelo, el más populoso centro penal del país situado al norte de la capital, la ministra del Interior, María Amelia Coronel, dijo que los reos excarcelados tienen sentencia firme pero gozarán del beneficio legal de vivir junto a sus familias a partir de ahora.

De acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas —una red vinculada a la oposición— son 138 los nicaragüenses identificados como disidentes que están detenidos en el país. Entre ellos figuran el líder indígena y diputado misquito Brooklyn Rivera, el académico Freddy Quezada y el periodista Víctor Ticay, así como otras 10 personas que permanecen encarceladas desde antes de los sucesos de 2018.

Los reclusos liberados guardaban prisión en la Modelo y en otros siete centros penitenciarios. Con esta liberación, suman más de nueve mil los presos comunes que han sido beneficiados con el régimen de convivencia familiar en el último año, de acuerdo con los registros oficiales.

La ministra Coronel señaló que el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, liberó a los prisioneros para conmemorar el llamado Mes de la Paz, una denominación oficial que alude a los días en que policías y paramilitares reprimieron con violencia las protestas que estallaron hace seis años en Nicaragua.

La acción del gobierno sandinista para frenar la revuelta social dejó 355 muertos, unos dos mil heridos, más de dos mil detenidos y al menos 100 mil exiliados entre abril y septiembre de 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En un comunicado emitido esta semana, la CIDH recordó aquellas protestas y urgió al gobierno de Ortega a “restablecer la democracia, poner fin a la represión en el país y a combatir la impunidad” de las “graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 18 de abril de 2018”.

Las protestas fueron iniciadas por adultos mayores y tuvieron el apoyo de jóvenes universitarios en las ciudades de León (occidente) y Managua, la capital, en rechazo a una reforma unilateral a la ley del Seguro Social que reducía las pensiones a los jubilados, recordó el informe.

Según la CIDH, la respuesta del gobierno fue “represiva y violenta”, con “conductas que pueden configurar crímenes de lesa humanidad”. A partir de entonces, “la represión estatal contra las voces disidentes ha persistido bajo diferentes etapas y niveles de intensidad, desencadenando una crisis política, social y de derechos humanos que sigue profundizándose”.

La vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, anunció que la excarcelación de los mil 500 reos comunes se daba para conmemorar “la defensa de la paz” en “esos días nefastos” de 2018.