El uso del software espía Pegasus, adquirido durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, sigue "impune", pues a un año de que se denunció el ataque digital perpetrado en contra del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), “no se han dado pasos relevantes para la investigación y sanción de estos actos”.

Ante esta situación, la organización de derechos humanos llamó a las autoridades mexicanas para que lleven a cabo una investigación exhaustiva, imparcial y transparente, a fin de que esta práctica deje de reproducirse.

Asimismo, solicitó que en el siguiente sexenio “se revise el uso ilegítimo” de estas tecnologías y se adopten medidas para frenar el abuso de las mismas, concluyendo con justicia los casos pendientes, ya que “lamentablemente ello no ocurrió” en la administración que está por concluir.

El Centro Prodh recordó que a finales de 2022, dos de sus directivos recibieron correos electrónicos en los que la empresa Apple les notificó que sus teléfonos habían sido vulnerados por “atacantes patrocinados por un Estado”. Por ello, al año siguiente denunció el ataque, que se suma al que previamente sufrieron en 2017.

Señaló que la evidencia apunta a que el uso de Pegasus está vinculado a las instituciones castrenses, a quienes “se le han dado excesivos poderes, sin que existan controles civiles externos capaces de garantizar que haya rendición de cuentas”.

Acusó que en este caso la Secretaría de la Defensa Nacional “ha mentido y ocultado información” a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los contratos de adquisición de Pegasus y sobre el Centro Militar de Inteligencia (CMI), usuario final del sistema, “desacatando decisiones definitivas” del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

La organización hizo notar que el programa Pegasus –usado para espionaje en los dos sexenios anteriores– despertó la preocupación de las instancias internacionales de derechos humanos: en junio de 2023 condenaron el espionaje y llamaron a una investigación la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos y el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, así como el Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre otros.