El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, ratificó que presentarán ante la Corte una acción de inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley de Amparo, aprobada el miércoles en el Senado, por considerar que atenta contra la protección de los derechos humanos.

Agregó que esta modificación junto con la de pensiones que se discute en la Cámara de Diputados, son acciones desesperadas de fin de sexenio, porque el gobierno y su partido saben que ya se van.

Cortés Mendoza señaló que la iniciativa avalada en el Senado por Morena y sus aliados, “constituye un atentado contra la protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución”.

Da marcha atrás a “muchos avances sustantivos para la protección de los derechos humanos que hemos venido construyendo como sociedad desde la reforma en materia de Derechos Humanos de 2011, e incluso antes, con lo que volveríamos a la etapa superada en la que se priorizaban los formalismos legales por encima de una verdadera protección de los derechos”, añadió el panista en un comunicado.

“Sus consecuencias podrían llegar a ser terribles, ya que, cuando el Legislativo o el Ejecutivo emitan una norma general que viole derechos humanos de carácter colectivo, el juez de amparo no podrá suspender sus efectos de manera general, lo que implicará que muchas personas se vean vulneradas en sus derechos, al menos hasta en tanto se resuelve el juicio mediante una sentencia, lo cual puede tardar mucho tiempo”, resaltó

El dirigente del PAN apuntó que la reforma da marcha atrás en la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que sirven para proteger el derecho a la salud, a la educación, o a un medio ambiente sano; por lo que informó que presentarán Acción de Inconstitucionalidad buscando que la Suprema Corte de Justicia de Nación, sea garante del respeto más amplio a los derechos humanos.

Puso como ejemplo si una persona interpone un amparo por la destrucción del medio ambiente ya no se respetaría un derecho colectivo.

En un caso así, al no aplicar la medida cautelar de la suspensión del acto, el tiempo transcurrido entre la emisión de la ley y la sentencia de amparo, permitiría al gobierno contaminar ríos, talar bosques o destruir la selva, hasta en tanto recaiga la sentencia, la cual ya no habría evitado un ecocidio.