La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la candidatura a una diputación federal del ex gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, al considerar su condición de prófugo de la justicia. De este modo, se frena la llegada al Congreso de un personaje sobre quien pesan acusaciones graves de defraudación fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Debe recordarse que desde 2021 la Fiscalía General de la República intenta procesar al político por los fuertes indicios de vínculos con grupos criminales y su enriquecimiento inexplicable, pero sus correligionarios y el Poder Judicial le han otorgado impunidad y han obstruido la justicia de manera sistemática. En ese año, los legisladores tamaulipecos aprobaron cambios a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y a la Constitución locales para impedir su arresto tras el desafuero aprobado por la Cámara de Diputados. Dicha maniobra no sólo violó el federalismo al confundir el fuero local con el federal, sino también el principio jurídico de que las leyes no pueden redactarse a favor ni en contra de personas específicas. El mes pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó de manera grotesca las reformas conocidas como ley Cabeza de Vaca, con lo que la mayoría de los ministros consumó la cadena de fallos aberrantes con los que se ha blindado al panista.
Una confirmación del operativo montado por militantes, simpatizantes y operadores de la derecha para proteger al ahora ex candidato se dio apenas ayer, cuando el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón elaboró una defensa insostenible del fallido aspirante al Congreso, en la que incluso insinuó que las autoridades deben permanecer inactivas ante un prófugo exitoso. Al tomar la palabra, dijo que legalmente la persona está en libertad, entonces, ¿cómo puede considerársele prófuga de la justicia?
, pese a que hay dos órdenes de aprehensión vigentes contra García Cabeza de Vaca. Debe recordarse que la carrera de Rodríguez Mondragón está estrechamente unida al Partido Acción Nacional y, en particular, a Roberto Gil Zuarth, a quien asesoró cuando Gil era secretario privado de Felipe Calderón. En 2012 formó parte del equipo jurídico de la candidata presidencial Josefina Vázquez Mota y, sin importar estos antecedentes, el PAN logró colocarlo en el TEPJF en 2016.
La decisión del órgano jurisdiccional evita que se repitan episodios bochornosos como el protagonizado por María Eugenia Campos Galván, quien compitió en los comicios en los que fue elegida gobernadora de Chihuahua mientras se encontraba vinculada a proceso, condición que fue eliminada por un tribunal de esa entidad un día antes de su toma de posesión.
Es lamentable, en cambio, que no se haya hecho otro tanto con el ex candidato presidencial panista Ricardo Anaya, postulado en esta ocasión para el Senado por la vía plurinominal, pues si bien no se acreditó que esté prófugo de la justicia o que haya órdenes de aprehensión en su contra, es evidente que incumple con el requisito de residencia en el territorio nacional por un mínimo de seis meses antes de la elección. Por otra parte, habría sido deseable que el máximo órgano de justicia electoral del país fuera congruente con sus propios fallos y adoptara un criterio más firme en los casos de los diputados panistas María Teresa Castell y Gabriel Quadri, quienes buscan la relección a pesar de haber sido inscritos por orden del propio Tribunal Electoral en el listado de perpetradores de violencia de género.
Cabe esperar, finalmente, que el fallo concerniente a García Cabeza de Vaca siente un precedente de cara a las candidaturas impugnadas por imputaciones penales, pues resulta obligado garantizar a los ciudadanos que en la boleta no se encontrarán con presuntos delincuentes, sean del partido que sean.
