Ciudad de México. Integrantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Salud Justa Mx, Greenpeace México, Agua para Todos, Agua para la Vida y El Poder del Consumidor llamaron a las y los candidatos que disputan cargos de elección popular a anteponer los intereses públicos por encima de los de corporativos, a ser garantes de los derechos humanos y proteger la salud y al medio ambiente a través de regulaciones a la “interferencia corporativa” que ejercen las industrias, y que han sido recomendadas por organismos internacionales. 

En conferencia de prensa demandaron el establecimiento de políticas efectivas de transparencia, de rendición de cuentas y promoción de buenas prácticas de gobernanza en materia de conflictos de interés.
Con el tema la interferencia corporativa: sus impactos en la salud pública, medio ambiente y derechos humanos, denunciaron de manera conjunta la constante intromisión de las grandes corporaciones mineras, tabacaleras, alcoholeras, de ultraprocesados, bebidas endulzadas, agroquímicos, productoras de plásticos, y extractoras de agua en las políticas y normativas aplicadas para las distintas regulaciones de sus productos y prácticas con impactos negativos sobre la salud pública, el medio ambiente y la garantía de los derechos humanos.

A través de diferentes ejemplos, “listaron la intimidación y difamación, el detrimento a la ciencia, acciones legales, la captura de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la creación de campañas de responsabilidad social corporativa, la creación de coaliciones y grupos frontales, así como, la autorregulación, las puertas giratorias y la centralización del debate en la importancia económica, como algunas de las estrategias que utilizan para debilitar y restar responsabilidad al Estado”.

Las y los integrantes de las organizaciones se pronunciaron acerca de los diferentes temas sobre los que hacen incidencia las organizaciones.

Ornela Garelli, campañista de Océanos sin Plásticos de Greenpeace México, se refirió a las empresas productoras y comercializadoras de productos plásticos de un solo uso que “proveen muchos ejemplos de interferencia corporativa ya que tienen un largo historial de acciones de diverso tipo, tales como amparos, presión directa a autoridades y uso de cabilderos, entre otras tácticas, para evitar la reforma de leyes, como el caso de la Ley General de Residuos, la aprobación de nuevas regulaciones, el retraso de su entrada en vigor o incluso su cancelación (como las prohibiciones de plásticos de un solo uso en los estados).

Añadió que la injerencia ha sido tan fuerte que ha logrado bloquear mayores avances en la lucha contra la contaminación por plásticos en México, y ha evitado que existan regulaciones que les pongan freno a estas empresas contaminantes”. 

Yahaira Ochoa de Salud Justa Mx mencionó que “existe evidencia de cómo las tabacaleras cabildean en el Congreso y en otros niveles de gobierno para detener o entorpecer las políticas públicas para el control del tabaco. 

Recientemente, “a través de grupos de fachada interpusieron más de dos mil amparos en contra de la Ley General para el Control del Tabaco y su reglamento, echando atrás la prohibición de la exposición de tabaco en los puntos de venta, entre otras medidas. “Pedimos a quienes lleguen al poder que pongan especial atención en estos intereses, el derecho a la salud debe prevalecer por encima de cualquier interés económico”. 

Arturo Sabines vocero de la Red de Acción Sobre Alcohol (RASA) citó el ejemplo de la senadora Lilia Margarita Valdés, presidenta de la Comisión de Salud en el Senado, “quien presentó una iniciativa para regular la venta de alcohol en los estadios y fue objeto de una fuerte presión por parte de empresas alcoholeras y de aliados, incluidas las televisoras y asociaciones deportivas para que esta no prosperara”
Sostuvo que durante sexenios, el vínculo y colaboración de directivos de estas empresas con presidentes de la república las protegió de toda política.

Precisó que “es urgente que se impulse una Ley general de control de bebidas alcohólicas (similar a la que existe para tabaco) para implementar intervenciones normativas de gran impacto, tal y como se dispuso en la Meta 1.2 del Plan de acción mundial sobre el alcohol 2022-2030 de la OMS”.

Andrea Moctezuma de la organización Agua para Todos, Agua para la Vida enfatizó que “las corporaciones mineras, refresqueras, cerveceras, agroindustriales y papeleras, entre otras, “acaparadoras del agua en México”, han sido las principales beneficiarias de que en México no se haya aprobado una Ley General de Aguas que garantice el derecho humano al agua”.

Cecilia Navarro, integrante de la Colectiva ¡Cambiémosla Ya! expuso que la Ley de Minería, aprobada hace un año en ambas Cámaras legislativas, “ha sufrido los embates de las corporaciones desde que comenzó a ser planteada por la agrupación y han llevado a que hoy esté sujeta a un proceso de acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue interpuesto por todos los diputados de los grupos parlamentarios de PRI, PAN y PRD.

En el camino para su aprobación los legisladores de esos partidos, principalmente “fueron poniendo todo tipo de obstáculos para su dictaminación y aprobación, con el argumento de que debía ser consultada con el sector minero y repitiendo lo que dice la industria: se irán a quiebra los municipios mineros, se perderán miles de empleos”.

Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor, aseveró que “no podríamos explicar la grave situación de salud que vivimos en México, como las declaradas epidemias de obesidad y diabetes, sin la captura del Estado por las corporaciones de comida chatarra y bebidas azucaradas. Más de cinco exsecretarios de salud mantuvieron relación con la Fundación Mexicana para la Salud creada por la iniciativa privada, todos ellos bloqueando las políticas para regular los productos chatarra y las bebidas azucaradas, además de haber bloqueado las recomendadas de la OMS para reducir el impacto del consumo de alcohol y tabaco.

“Cada regulación es combatida por estas corporaciones, más recientemente, con cientos de amparos contra el etiquetado de advertencia en alimentos y bebidas, buscando aliados en los ministros de la Suprema Corte, al mismo tiempo que tiene detenidos los lineamientos para publicidad de estos productos, incumpliendo los tiempos para su publicación, y los lineamientos para su venta en escuelas”.

Leticia López de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo ANEC, mencionó que “desde hace décadas la sociedad civil en México ha dado una intensa batalla por el cumplimiento del derecho humano a la alimentación. Uno de los grandes impedimentos para alcanzar la soberanía alimentaria es el control corporativo del sistema agroalimentario, en el cual cuatro monopolios controlan el 67 por ciento del mercado mundial de semillas, 10 controlan el 95 por ciento del sector de agroquímicos, 10 controlan el 41 por ciento del mercado de fertilizantes y cuatro controlan el 90 por ciento del comercio de granos”.

Citó la “interferencia de estos corporativos en la producción agrícola se ha hecho evidente en el caso del Decreto emitido en 2020 y modificado en 2023 por el gobierno mexicano para la prohibición a partir de marzo de este año, del uso del glifosato por ser un herbicida altamente peligroso, con daños comprobados en la salud y el medio ambiente”.

El grupo coincidió en que es de vital importancia que las candidatas y los candidatos sumen a su agenda política las recomendaciones internacionales para mitigar la interferencia corporativa.