Ciudad de México. A través de una carta remitida a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, el gabinete de seguridad advirtió que inhabilitar la prisión preventiva oficiosa representa riesgos para el país: una amenaza para la seguridad nacional, para la tranquilidad de la población, afectación irreparable de los derechos humanos, generará una extrema vulnerabilidad al personal de las policías, las fiscalías y los juzgados, así como la saturación del sistema de procuración e impartición de justicia.

Con referencia al proyecto para inhabilitar el artículo 19 constitucional que circula en la Corte, el gabinete de seguridad expresa la preocupación sobre las implicaciones que traería su aprobación –según el sentido del proyecto–, pues impactará a casi 68 mil personas vinculadas a proceso bajo prisión preventiva oficiosa en México, de los cuales 9 mil 353 son del fuero federal y 58 mil 531 del común.

La preocupación aumenta ante la corrupción que con frecuencia se ha detectado al interior del Poder Judicial por parte de algunos juzgadores que actúan de manera facciosa para favorecer a delincuentes; corrupción que hemos denunciado reiteradamente sin que se investigue o sancione y que, de invalidarse la prisión preventiva oficiosa, resultará en una atentado contra la seguridad pública, subraya el documento.

La misiva está firmada por los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; de Marina, Rafael Ojeda; de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez; de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, y de Gobernación, Luisa María Alcalde. Para esta última, esta decisión vulnera la soberanía nacional, pues la existencia de organismos internacionales no implica que los estados renuncien a su soberanía.

Aseveró que, en este renglón, la SCJN está extralimitándose en sus funciones para dar cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que México modifique la regulación de la prisión preventiva. La resolución estaba dirigida al Estado mexicano y el Poder Judicial atrajo la sentencia oficiosamente para interpretarla y ordenar unilateralmente cómo México debe dar cumplimiento sin tomar en cuenta otras instituciones como el Congreso.

La secretaria hizo un llamado a la Suprema Corte a respetar la Constitución y la división de poderes, no excederse en sus facultades, considerar las graves consecuencias que eliminar la prisión preventiva oficiosa tendrá para la seguridad nacional en las circunstancias actuales.

Para el gabinete de seguridad, aprobar este proyecto afectará a muchas entidades en diversos niveles: entre los principales destaca el estado de México, donde hay 21 mil 718 personas en prisión preventiva oficiosa.