Ciudad de Panamá. La fiscalía panameña pidió este miércoles 12 años de cárcel, la pena máxima por blanqueo de capitales, para Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, fundadores del extinto bufete de abogados epicentro del escándalo internacional de los Panama Papers.

La fiscal Isis Soto solicitó ante el tribunal una sentencia “máxima” contra los jefes del bufete Mossack Fonseca como autores del delito de blanqueo de capitales, durante el octavo día del juicio que se lleva a cabo por los Panama Papers.

Mossack y Fonseca también están acusados de “ocultar, encubrir y suministrar información falsa a entidades bancarias para la apertura de cuentas y ocultar la titularidad de bienes”, indicó la fiscal.

“Los señores Jürgen Mossack y Ramón Fonseca (...) recibieron y transfirieron fondos procedentes de actividades ilícitas ocurridas en Alemania y Argentina”, añadió Soto.

La fiscal también pidió condenar a otros 24 imputados, principalmente ex empleados de la firma, y solicitó la absolución de tres acusados. Anteriormente, el poder judicial informó de 27 imputados en esta causa de blanqueo de capitales.

“Hemos solicitado la sentencia condenatoria en conformidad con la calidad o participación criminal de cada uno en calidad de autores, en calidad de cómplices primarios y en calidad de cómplices secundarios”, indico la fiscal.

“Caja B”

Debido al escándalo, el despacho Mossack Fonseca tuvo que cerrar, mientras la imagen internacional de Panamá, acusado de ser un paraíso fiscal, se vio gravemente afectada.

Según la fiscalía, Mossack, de 76 años, y Fonseca, de 71, son responsables de facilitar a través del bufete la creación de sociedades opacas en las que directivos de la multinacional alemana Siemens depositaron millones de euros al margen de la contabilidad real de la compañía.

Esa “caja B” habría sido utilizada para esconder dinero procedente del pago de comisiones.

El bufete panameño, según la fiscalía, también fue utilizado para guardar dinero proveniente de una estafa masiva en Argentina.

El juicio comenzó ocho años después de que el 3 de abril de 2016 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) publicara los Panama Papers.

Esta investigación, basada en la filtración de 11.5 millones de documentos provenientes del despacho Mossack Fonseca, mostró cómo jefes de Estado y de gobierno, líderes políticos, personalidades de las finanzas, los deportes y las artes ocultaron propiedades, empresas, activos y ganancias para evadir impuestos o lavar dinero.

Para ello, crearon sociedades opacas, a través del bufete panameño, con el fin de abrir cuentas bancarias y crear fundaciones pantalla con el objetivo de esconder dinero, proveniente en algunos casos de actividades ilícitas, según la investigación.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin y los ex gobernantes de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson; de Pakistán, Nawaz Sharif; de Gran Bretaña, David Cameron; y de Argentina, Mauricio Macri; además del astro argentino del fútbol Lionel Messi fueron algunos de los nombres mencionados entonces.

“No soy responsable”

“No soy responsable” de estos delitos, declaró Mossack ante la jueza, Baloísa Marquínez, al inicio del juicio, el 8 de abril.

“Lo cierto es que después de más de 500 tomos (de expedientes) nos encontramos que (solo) tenemos el caso de Siemens (en Alemania) y un caso en Argentina, de las miles y miles de personas que supuestamente estuvieron involucradas”, indicó la abogada Daika Indira Levy, defensora de Fonseca, en el segundo día del juicio.

Tras los Panama Papers el país centroamericano realizó algunas reformas legales, lo que le permitió salir en 2023 de la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Sin embargo, Panamá permanece en la lista de territorios considerados como “paraísos fiscales” por la Unión Europea.

El juicio debía celebrarse en 2021, pero por diversos motivos se retrasó.