El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar anunció que durante los próximos días promoverá un proceso de juicio político contra su sucesora, Norma Lucía Piña Hernández. Asimismo, dijo que la denunciará ante el máximo tribunal, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, además de presentar diversas quejas ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Zaldívar afirmó que se ve obligado a emprender esas acciones debido a que la titular del Poder Judicial ha cometido actos que redundan en un ataque a las instituciones democráticas como la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su organización y la determinación de su presidencia, así como por violaciones a derechos humanos e injerencia en los procesos electorales por la dolosa filtración del acto admisorio. Señaló que es indigno usar a la Corte para pretender obtener beneficios de una candidata de la derecha conservadora y tratar de detener la reforma judicial con la que la autodenominada Cuarta Transformación busca sanear y democratizar a la judicatura.

El señalamiento de que Piña Hernández pudo haber incurrido en delitos electorales, administrativos y políticos es una respuesta contundente a la cacería de brujas desatada por la ministra presidenta en contra de su antecesor, de ex colaboradores del mismo y de toda persona que oponga resistencia a su proyecto de convertir el Poder Judicial en el instrumento de las derechas para controlar el Estado sin pasar por las urnas. En efecto, desde que sus pares la eligieron para encabezar la SCJN, ésta dejó de fungir como garante del orden constitucional y mutó, a ojos de todo el mundo, en una maquinaria de sabotaje de las labores del Ejecutivo y el Legislativo, a los cuales ha suplantado de manera arbitraria hasta erigirse en una auténtica dictadura judicial. Al mismo tiempo, juzgadores de todos los niveles han encontrado en su presidencia una patente de corso para emitir sentencias aberrantes con las cuales dejan impunes o conceden beneficios indebidos de manera sistemática a criminales peligrosos, tanto violentos como de cuello blanco.

Piña Hernández ha perpetrado el desmantelamiento del sistema de impartición de justicia arropada en el manido discurso de la independencia judicial. Sin embargo, con sus actos deja claro que la única libertad de acción que defiende es la propia, mientras somete a todos los integrantes de la judicatura a su capricho y a sus obsesiones político-ideológicas. Así lo muestra, por ejemplo, su pretensión de anular las facultades de la Comisión de Adscripciones del CJF y transferírselas a sí misma, a fin de ser la única que pueda nombrar jueces y magistrados. La apertura inexplicablemente expedita, sin más bases que una denuncia anónima, de una investigación contra funcionarios que no pertenecen a su camarilla, así como la filtración de la indagatoria a mes y medio de los comicios federales, son otra evidencia indiscutible de los móviles electoreros y facciosos de la ministra presidenta.

Es inocultable que funcionarios como Piña Hernández, así como la comentocracia y la intelligentsia de la derecha, no entienden que la democracia sin soberanía popular es un cascarón vacío, un conjunto de instituciones pervertidas para imponer a millones de ciudadanos la voluntad de un puñado de oligarcas. Ante la embestida contra la democracia por parte de estos sectores, se hace más obvia que nunca la urgencia de renovar a fondo el Poder Judicial con una reforma que barra con la corrupción que carcome a la inmensa mayoría de la judicatura y, sobre todo, que corrija el alarmante divorcio entre los juzgadores y la voluntad popular expresada mediante el voto.