Ciudad de México. El Gobierno de la Ciudad de México publicó el decreto por el que a partir de hoy queda tipificado como delito la corrupción inmobiliaria, con una pena de hasta 30 años de prisión para los servidores públicos que por acción u omisión autoricen construcciones irregulares.

El titular del Ejecutivo local, Martí Batres, señaló que autorizar desarrollos inmobiliarios de manera masiva y fuera de la norma genera desorden urbano, gentrificación, reduce la disponibilidad de agua y se aumenta el precio del suelo en detrimento de los vecinos.

Esa corrupción, agregó, provoca situaciones como el derrumbe de edificios nuevos en un sismo o el daño a instalaciones estratégicas, como fue el caso de la línea 12 del Metro.

Tan sólo en la alcaldía Benito Juárez, que dio pie a la reforma al Código Penal de la Ciudad de México por el llamado cártel inmobiliario, en año y medio se encontraron 130 construcciones irregulares, con pisos de más a los permitidos por la ley.

Recordó que en el caso de esa demarcación, ex funcionarios actuaron de manera organizada mediante dos modus operandi: la autorización de pisos de más a cambio de dinero en efectivo o departamentos en dichas construcciones, y la creación de empresas en el mercado inmobiliario para otorgarse ellos mismos los permisos para las obras.

Transformador ilegal

En oto tema, vecinos de la colonia Hipódromo denunciaron la instalación ilegal de un transformador en el camellón de la avenida Nuevo León, que está protegido por un programa parcial y es histórico, para alimentar un desarrollo inmobiliario que se construye en el número 219 de dicha vialidad, pese a que están prohibidas excavaciones por la presencia de cables de alta tensión.

Con un documento emitido el 21 de marzo por la alcaldía Cuauhtémoc, tres días antes de que la representación del conjunto de 30 departamentos ingresara su solicitud para el mantenimiento de la infraestructura existente en el predio, se hizo un agujero de 4 por 4 (metros).

El personal de la Comisión Federal de Electricidad rompió tubos de concreto de un acueducto construido hace siglos, sobre el cual se instalaron silos, que van de Alfonso Reyes a Tlalpan y están catalogados, explicó Quetzal Castro.

La activista informó que el 29 de marzo, siete días después de iniciarse las obras, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia.

La carpeta de investigación con folio CI-FICUH/CUH-2/UI-3C/D/00718/03-2024 por el delito de daño a la propiedad doloso no procedió y el transformador fue tapado con tablas, dijo.